El presupuesto de la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña para financiar guarderías públicas acabó en escuelas concertadas. Según informa este martes El Periódico, así lo ha reconocido el mismo departamento, entonces dirigido por Irene Rigau, en una carta registrada el 11 de octubre y enviada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En 2012, Rigau derivó 42,7 millones de euros y, en 2014, 39 millones más. En total, 81,7 millones de euros que recibieron las escuelas privadas que reciben fondos de la Administración para escolarizar a sus alumnos.
Demanda colectiva
La medida afectó, en 2012, al 90% de los casi 47,6 millones presupuestados. En el 2014, el porcentaje fue del 86,6%. El resto del dinero --cuatro millones-- fue destinado a pagar servicios de conexión a internet para las escuelas y para costear las convocatorias de programas de formación e inserción de corporaciones locales, fundaciones, empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro.
El texto enviado al TSJC forma parte de la demanda colectiva que hace tres años presentaron una treintena de ayuntamientos después de que la Generalitat les retirase las ayudas para escolarizar a los alumnos de entre cero y tres años.