Fue la comunidad educativa del Vallès Occidental la que dio la voz de alarma: un total de 38 escuelas e institutos de la comarca tienen amianto en sus instalaciones, un material cancerígeno que en 2002 fue prohibido. Sin embargo, se calcula que más de dos millones de kilos de amianto siguen instalados en numerosas construcciones, entre ellas los centros educativos.
Por ello, la Comisión de Enseñanza del Parlamento catalán ha aprobado una propuesta de resolución en la que insta al Gobierno autonómico a elaborar, antes de que acabe el primer semestre de 2017, un inventario de todos los centros escolares de Cataluña que cuentan con fibrocemento o amianto en sus instalaciones, así como a presentar un calendario para la retirada de esa sustancia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa como carcinógena del primer grupo en humanos. Es decir, que puede producir cáncer con independencia de la cantidad a la que se esté expuesto. Según la OMS, cada año se producen 107.000 muertes por enfermedades derivadas del amianto.
La CUP se abstuvo
La iniciativa parlamentaria fue presentada por la diputada del PSC Esther Niubó y aunque contó con el rechazo de Junts pel Sí (CDC-ERC) y la abstención de la CUP, fue aprobada por el resto de las formaciones políticas.
El Gobierno catalán ha empezado a retirar ese material, pero “la comunidad educativa y los sindicatos aseguran que, al ritmo que se lleva, se tardará unos 40 años en sustituir todas las placas de fibrocemento en todas las escuelas afectadas”, afirma Niubó. La prioridad es abordar las instalaciones más deterioradas, por ejemplo aquellas placas expuestas al sol y que son más peligrosas.