Julio de 2009. Cerdanyola del Vallès (Barcelona). En aquel momento, la población vallesana estaba gobernada por ICV (que ostentaba la alcaldía a través de la figura de Antoni Morral), CiU y PSC. Todos los grupos estaban de acuerdo en los pormenores del proyecto urbanístico Consorcio del Centro Direccional de Cerdanyola, incluido el coeficiente de edificabilidad, que debía ejecutar la concesionaria Espais Promocions Inmobiliàries Epi, SA, empresa vinculada a Luis Casamitjana Serraclara, implicado en el caso Pretoria y muy vinculado con CDC.

Todo iba sobre ruedas hasta que, para sorpresa de todos, los concejales de CiU comenzaron a presentar enmiendas pocos días antes de su tramitación. Y, sin sus votos, no había proyecto. Esos concejales empezaron a cuestionar, entre otras cosas, el elevado coeficiente de edificabilidad de los pisos que había propuesto la empresa.

Mas y Prenafeta

El “controvertido y sospechoso papel” (así lo recogió la Guardia Civil en un informe fechado el 30 de septiembre del 2009) de Artur Mas para desencallar este asunto fue objeto de un amplio informe de la este cuerpo policial que ya adelantó Croníca Global, y que por su actual valor periodístico pasaremos a reproducir.

Según Lluis Prenafeta, para quien el fiscal pide casi 7 años de cárcel, Artur Mas intercedió al objeto de que la líder del grupo municipal convergente de Cerdanyola modificara su actitud y votase a favor de la promoción urbanística que tanto beneficiaba al protegido Casamitjana.

Garzón en estado puro

La Guardia Civil había intervenido el teléfono de Casamitjana por orden del juez Baltasar Garzón. Y aquel pinchazo empezó a dar frutos de inmediato, tal y como muestra la reveladora secuencia de las conversaciones.

Las 11:37 del 14 de julio de 2009. Morral llama a Casamitjana. En la conversación le dice de forma literal que "la postura de CiU lo bloquea todo". Morral recurre a Casamitjana para que éste haga las gestiones oportunas que permitieran que la promoción urbanística se llevara a cabo.

La trama se pone en marcha

Morral y Casamitjana no esconden su preocupación. El empresario recurre a un eslabón más alto de la trama: Lluís Prenafeta. Le llama el mismo día 14 tan sólo una hora después de la conversación con el alcalde. Prenafeta se interesa por la fecha de celebración del pleno y le manifiesta a su amigo Casamitjana, en un intento de tranquilizarle, que comienza las gestiones. "Hablaré con Mas. Ya me ocupo yo de hablar con Artur Mas [entonces presidente del partido] y me pongo en marcha", le dice.

Al día siguiente, Prenafeta, que parece haber hecho los deberes, llama a Casamitjana y le confirma que "ya está hecha la gestión con Artur Mas" y que esa misma mañana Mas ha llamado a Consol Pla Dou (teniente de alcalde de CiU) para pedirle que flexibilice su posición y garantice la aprobación del plan.

Artur Mas lo arregla todo

Prenafeta añade en la conversación que graba la Guardia Civil un contundente "todo está arreglado". Tanto es así que, según Lluís Prenafeta, la propia Consol Pla le habría dicho a Artur Mas que estaba dispuesta a ayudar a Casamitjana. Prenafeta le facilita el número de teléfono de la concejala al empresario promotor y le dice "llámala de parte de Artur Mas, te estará esperando. Ella prefiere reunirse a solas contigo".

A las 12:55 horas, Morral llama a Casamitjana informándole de que, tras reunirse con el grupo municipal de Convergència i Unió, "todo estaba arreglado" y que el proyecto se iba a aprobar con total seguridad. Todos muestran su satisfacción por el entuerto resuelto.

Informe ilustrativo

El 30 de julio de 2009, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil eleva un informe al juez Garzón en el que detalla estas conversaciones y pone de relieve el evidente tráfico de influencias orquestado por Prenafeta, y en el que habría sido colaborador necesario Artur Mas, para beneficiar la viabilidad de un proyecto urbanístico del que iba a sacar una jugosa tajada una empresa amiga del aparato convergente.

Ese informe no hace mención alguna al cobro de comisiones por parte de los implicados, pero evidencia cómo se gestionaba la obra pública en Cataluña y cómo información reservada de proyectos y valoraciones políticas circulaba de forma descarada para beneficio de aquellos que tenían intereses empresariales o de los que cobraban comisiones por la intermediación para conseguir que los contratos cuajasen.

Aquella promoción inmobiliaria se acabó aprobando.

11 acusados, 47 millones defraudados

El juicio por el caso Pretoria se desarrollará durante las próximas tres semanas en la Audiencia Nacional. El fiscal pide para el ex consejero de CDC Macià Alavedra y para quien fuera mano derecha de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, casi siete años de cárcel por delitos de tráfico de influencias en operaciones urbanísticas acaecidas en Llavaneras y Badalona.

También casi siete años para el alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz por dos delitos de soborno. Y nueve años para el ex diputado socialista Luis García, alias Luigi,  a quien se considera el cerebro de esta macrotrama de presunta corrupción municipal que defraudó a la hacienda pública casi 50 millones de euros.