El Instituto San Telmo, escuela de la élite política de Andalucía, imputado en los ERE

La Guardia Civil ha presentado a la juez de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los ERE, un informe detallado al que ha tenido acceso Crónica Global en el que observa la comisión de diversos delitos (entre ellos, tráfico de influencias y soborno) por parte de antiguos responsables de la Junta de Andalucía y la cúpula del Instituto San Telmo, una verdadera institución empresarial en esa comunidad.

Los investigadores de las unidades de delincuencia económica se pusieron tras la pista de estas presuntas irregularidades a partir de un informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectaron hasta una decena de ilegalidades en la concesión y tramitación de las cinco subvenciones que la Consejería de Empleo otorgó a la Fundación San Telmo (de la que depende el instituto) entre 2004 y 2010 para becar a 240 alumnos. Los inspectores de la IGAE concluyen en un informe solicitado a instancias del propio juzgado que "en la concesión se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido", y añaden que el pago para que se impartieran cursos de alta dirección "no tiene carácter subvencional sino contractual de prestación de servicios".

De nuevo Fernández y Viera

Ahora la Guardia Civil pone nombre y apellidos a los autores de esta presunta irregularidad. Los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández  y José Antonio Viera aparecen en el punto de mira de la investigación judicial. También los directivos de la Fundación San Telmo, a los que se causa de la recepción de un mínimo de cinco subvenciones irregulares por un montante de 1.192.000 euros entre 2004 y 2010 de dinero procedente de la partida presupuestaria dedicada al subsidio de desempleo en Andalucía.

Verónica Pérez, considerada una de las mujeres de confianza absoluta de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, asistió a estos cursos de formación de dudosa financiación. También lo hicieron Francisco Pérez, actual jefe de Gabinete del ministro del Interior --Juan Ignacio Zoido-- y Gregorio Serrano, director general de Tráfico.

Implicación y rectificación

El 29 de diciembre de 2011, después de estallar el caso, la propia Consejería de Empleo inició el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de las cinco ayudas concedidas a la Fundación San Telmo, tras constatar "la ausencia de trámites inequívocamente imprescindibles que constituyen el contenido mínimo e irreductible del procedimiento".

Ahora la Guardia Civil afirma con rotundidad que las subvenciones (que no contratos, como esgrimen desde el Instituto San Telmo) se otorgaron sin garantías ni avales legales y con dinero procedente de partidas que no podían ser utilizadas a tal efecto.

Utilizan al Rey

Se da la circunstancia de que, el pasado 11 de noviembre, el rey Felipe VI presidió la inauguración de la VI asamblea de la Agrupación de Miembros del Instituto San Telmo. El Rey, junto a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, fue acompañado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

No deja de ser chocante, en todo caso, que dos de los hombres de confianza de quien ha ejercido la acusación particular en el caso de los ERE sean dos de los políticos beneficiarios de unos cursos de "alta dirección" que jamás debieron ser subvencionados, como concluye la Intervención General del Estado, y mucho menos cuando el dinero utilizado para ello procedía del fondo presupuestario de la partida 31L (cuya pieza separada se investiga activamente en el juzgado), destinada a los parados andaluces.

San Telmo, un poder en Andalucía

La Fundación San Telmo es una institución independiente sin ánimo de lucro cuyo fin es el desarrollo económico y empresarial del sur de España y de algunos sectores y colectivos a nivel internacional.

En sus estatutos (en concreto, en su artículo 6) se recogen entre sus fines y objetivos "la promoción, a través de sus actividades y de los centros que cree, de la formación, especialización, perfeccionamiento y el progreso profesional en el ámbito de las empresas e instituciones públicas de Andalucía, preferentemente en los sectores agrícola, ganadero y agro-industrial, y con una orientación especial en orden a la acción en los países iberoamericanos, de la Unión Europea, de África y del entorno de la Comunidad Autónoma andaluza, contribuyendo así al desarrollo de Andalucía".