Rechazo a la Constitución de 1978. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado su disconformidad con la idea de que alguna de las calles, plazas o espacios públicos de la capital catalana lleve el nombre de la Carta Magna.
Lo ha hecho en una respuesta municipal tras la propuesta del Partido Popular de Barcelona, liderado por Alberto Fernández, en la que insta al Gobierno de los comunes a recuperar la placa --entonces de la Constitución de 1837-- que el antiguo alcalde, el convergente Xavier Trias, retiró de la fachada del ayuntamiento hace cuatro años.
Duró 173 años
La pieza se colocó en 1840 sobre el balcón principal del consistorio cuando se inauguró lo que, entonces, se llamaba plaza de la Constitución. Fue sustituida en 2013 por el actual escudo de la ciudad y la inscripción Ajuntament de Barcelona.
“Se trata de una placa que sobrevivió a dictaduras, guerras y repúblicas y no ha sobrevivido a un gobierno independentista”, explica Fernández a Crónica Global. Critica que Colau no muestre su rechazo solo a volver a colocar la placa, sino también a celebrar el día de la Constitución con un acto conmemorativo, “a diferencia de otras fechas como el 11 de septiembre”.
Para el presidente del Partido Popular en Barcelona, recuperar una placa conmemorativa de la Carta Magna conllevaría “tener presente una Constitución que ha permitido las cotas de libertad más importantes de la historia contemporánea de Cataluña”.
Los argumentos de Colau
Lo más sorprendente, en palabras de Alberto Fernández, no es solo la negativa de la alcaldesa sino sus argumentos, en la línea de la nueva izquierda española y el independentismo catalán, que lejos de considerar la Constitución del 78 como una conquista de las libertades la tachan poco menos que de franquista.
Según la respuesta de Colau, al Gobierno municipal actual no le parece adecuado proponer el nombre de Constitución de 1978 para ningún espacio público de Barcelona.
En nombre de la Constitución
“En nombre de esta Constitución se han producido interpretaciones sesgadas que han permitido derogar leyes sociales catalanas que afectan al bienestar y a las situaciones de emergencia de la ciudadanía”, dice el texto del consistorio.
Y prosigue: “Y como no es ya propiamente la Constitución de 1978 al haber introducido reformas autoritarias como el artículo 135 respecto a la estabilidad presupuestaria, el 26/08/2011, alterando el mandato de las votaciones de 1978 sin ninguna otra consulta, no corresponde proponer a la Ponencia del Nomenclátor que le otorgue una calle o plaza”.