Ocho meses después de que finalizase el juicio que sentó por primera vez en el banquillo a un miembro de la familia real, la sentencia del caso Nóos se dará a conocer este viernes, a partir de las doce de la mañana. Será el momento en que la infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, y otros 15 acusados conocerán el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, cuyo tribunal les juzgó entre enero y junio del pasado año por un presunto desvío de hasta 6,2 millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.

Todas las miradas estarán puestas en la hermana del rey Felipe VI. El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, reclama para ella ocho años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin durante los años 2007 y 2008, a través de la empresa de la que ambos eran propietarios, Aizoon.

Cristina ayudó a dedraudar 337.138 euros

Según la entidad, la exduquesa de Palma ayudó a que su esposo utilizara Aizoon como empresa pantalla para facturar, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor. Una defraudación que las acusaciones elevan a 337.138 euros y que, de acuerdo con el criterio de Manos Limpias, nunca hubiera podido tener lugar sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón.

Por su parte, Urdangarin se enfrenta a la mayor de las peticiones: 19 años y seis meses de prisión. La Fiscalía Anticorrupción sostiene cómo el acusado y su exsocio Diego Torres --sobre quien pesa una solicitud de 16 años y seis meses-- urdieron y lideraron un entramado de empresas ficticias, satélites del Instituto Nóos, para apoderarse del dinero público procedente de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana mediante la organización de eventos cuyo coste era notablemente inferior a los fondos percibidos por ambos.

Actuación de Jaume Matas

Entre los encausados también se encuentra el expresidente del Govern balear y exministro Jaume Matas, para quien el Ministerio Público reclama cinco años de prisión. Le acusa de "orquestar" una farsa dirigida a que Urdangarin pudiera ser contratado a dedo por el Ejecutivo autonómico, que acabó abonándole 2,6 millones de euros por la celebración de dos foros sobre turismo y deporte y el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.

El resto de acusados baleares son el exdirector general de Deportes José Luis Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal --ambos se enfrentan a dos años de cárcel a sustituir por 12.600 euros de multa--; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía -- 6.750 euros de multa--, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet --4.050 euros--.

Los acusados de la Comunidad Valenciana

En cuanto a la rama valenciana del caso, se encuentran el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau --petición de 11 años de cárcel--; el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón --ocho años--; los exdirectores generales de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela --ocho años-- y José Manuel Aguilar --seis años--, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado --ocho años--.

Los socialistas del Ayuntamiento de Valencia, quienes ejercen la acción popular, acusan a todos ellos de intervenir en las presuntas irregularidades cometidas en 2004, 2005 y 2006 a la hora de adjudicar los denominados Valencia Summit, por cuya organización Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Finalmente, esperan el resultado de la sentencia la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen --bajo una petición de cinco años y tres meses de cárcel, a raíz del presunto desvío de 144.000 euros de la entidad--; la mujer de Torres, Ana María Tejeiro --dos años--; el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro --otros dos años--, y Salvador Trinxet, abogado que presuntamente ayudó a urdir una estructura fiduciaria para desviar los fondos obtenidos por Nóos al extranjero y quien también se enfrenta a una petición de dos años de privación de libertad.

Sospechas surgidas en 2006

Las sospechas en torno a las actividades de Nóos surgieron a principios de 2006, cuando el diputado socialista Antoni Diéguez preguntó en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Ejecutivo de Matas por el primer Illes Balears Forum, llevado a cabo pocos meses antes en Palma. El juez José Castro impulsó las investigaciones cuatro años después.

A finales de 2011, apareció el nombre de la Infanta, quien hasta en dos ocasiones fue imputada en el procedimiento judicial. Los investigadores pusieron el foco sobre ella al haber figurado como vocal en el Consejo de Administración del Instituto Nóos y como socia al 50% de Aizoon.

En el inicio del juicio, la defensa de la exduquesa solicitó que le fuese aplicada la denominada doctrina Botín, al considerar que su patrocinada no podía ni debía ser juzgada con la única acusación de Manos Limpias --ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Agencia Tributaria presentaban cargos contra ella--. La Infanta tuvo que ser juzgada durante seis meses junto al resto de acusados.