Rafael Puertas es el antiguo gestor de la desaparecida ONG Intervida, que fue detenido por la policía como presunto autor de diversos delitos relacionados con el desvío de más de 100 millones de dólares de la fundación e imputado durante años por la Audiencia Nacional.

El miércoles pasado, compareció ante los medios de comunicación para denunciar a aquellos que le investigaron hace 10 años, a los que tildó de “prevaricadores y estafadores, siempre con el “presunto” delante.

Las verdaderas víctimas

Puertas apareció ante la prensa como la víctima de un atropello judicial, poniendo la guinda emotiva en “los pobres niños desfavorecidos de países como Guatemala, Perú y Bolivia que --según añadía--, fueron las verdaderas víctimas de su imputación y de la del resto de mandatarios de la fundación.

La mayoría de los periodistas allí congregados a ciegas --nadie sabía de qué iba la cosa pero allí estaban, incluido quien suscribe--, ni tan siquiera recordaban ya aquella operación que dirigió el juez de instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Pero conviene hacer memoria.

El caso Intervida nace gracias a la valiente declaración de un exempleado, enlace bancario de la fundación en Latinoamérica que, sobrecogido por las tropelías que, según él, cometían sin rubor sus jefes de la ONG con las decenas de millones que anualmente recaudaban gracias a los apadrinamientos, decidió regresar a España y denunciarlo en la fiscalía. El denunciante sufrió varias amenazas de muerte.

Cuatro años de investigación

Durante casi cuatro años, la fiscalía superior de Cataluña investigó dicha denuncia. Siempre con cautela, bajo la dirección del fiscal jefe, José María Mena, intentando que dichas indagaciones no perjudicasen la imagen de la ONG y del resto de entidades análogas.

Cada seis meses, como marca la ley, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, tras analizar y aprobar los avances en la investigación, concedía prorrogas a la fiscalía de Barcelona --ocho en total--, para que siguiera recabando datos.

Cuando la fiscal especial de Delitos Económicos, Carmen Martín Aragón, obtuvo información de primera mano de países como Perú, Guatemala y Bolivia, el ministerio publico se querelló contra los gestores de la fundación, entre ellos, Puertas.

Garzón entra en escena

Y Garzón tomó las riendas y ordenó su detención y la entrada y registro en la ONG. Sobre la mesa del juez había una lista de empresas, muchas de ellas del sector inmobiliario, constituidas en aquellos países con dinero de la ONG y ajenas a sus objetivos fundacionales.

Aquel fiscal general del Estado que tanto y tan bien se sabía el caso, abandonó su cargo en 2004, fecha en la que se incorporó al sector privado como abogado. ¿Y quiénes fueron sus primeros clientes? Los antiguos gestores de la ONG. Cardenal investigó y defendió a las mismas personas por los mismos hechos. 

A por el fiscal

Jesús Cardenal intentó “pastelear” el asunto con el entonces fiscal superior de Cataluña, José María Mena, y éste respondió dándole un portazo tras expulsarlo de su despacho. Puertas olvidó explicar ese revelador episodio en su comparecencia informativa del día 18.

La imagen misericordiosa, y almibarada que Rafael Puertas trató de ofrecer en la rueda de prensa contrasta con la profunda tensión que se vivió y que trasladaban los detenidos y sus adláteres durante toda la fase de investigación de la fiscalía y después bajo la batuta instructora de Garzón.

Detectives y amenazas

Los antiguos gestores llegaron a contratar a renombrados detectives para investigar a los denunciantes. Pagaron con dinero de los apadrinamientos informes de inteligencia sobre “sus enemigos”. Garzón encontró las facturas en el registro de la ONG. La madre de la fiscal Carmen Martin Aragón, una anciana y viuda que vivía sola en un pueblo de Castilla, recibió protección policial tras las amenazas anónimas recibidas. Este detalle tampoco apareció en la rueda de prensa de Puertas.

Los antiguos gestores de Intervida auspiciaron un libro que buscó el descrédito de la gestión de la Consejería de Justicia en el caso de esta ONG. La entonces consejera, Montserrat Tura, a instancias de Garzón, había tomado las riendas de lo que los antiguos gestores habían dejado de la finada Fundación.

Reflotar la ONG

Tura aguantó el chaparrón y los administradores judiciales lograron reflotar esa ONG a la vez que mantuvieron activos los flujos de dinero --contrariamente a lo dicho por Puertas-- a los campamentos y proyectos humanitarios distribuidos en las zonas más desfavorecidas de Suramérica y África.

Puertas incluye a Tura en su denuncia. La acusa de estafa. “Lo de esa imputación es especialmente sangrante y, en cierta medida, penoso”, tal y como ha explicado a este medio uno de los miembros de aquel equipo de administradores judiciales. Tura, al margen de sus ocupaciones gubernativas y del incendio en ciernes en aquel momento en su partido, asumió el desgaste que supuso echarse a la espalda el futuro de la entidad. “Tura, probablemente es una de las figuras políticas más íntegras y decentes que ha dado la política catalana”, añade esta fuente. “Ella asumió el desgaste que supuso impulsar la refundación de la ONG”.

Los adeptos

Los administradores judiciales se tomaron su trabajo con entrega a pesar del boicot interno que sufrieron de parte de empleados sumisos de los exgestores y seguían actuando bajo la directriz de los ahora imputados, incluida la de Puertas.

Con el paso del tiempo Intervida desapareció y dio lugar a otra ONG, menos voluminosa pero considerada un ejemplo de pulcritud en la gestión por fuentes conocedoras del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Puertas compareció ante la prensa como lo hacen los eximputados despechados, situándose como víctima, tirando de lágrima y teatralización cuando fue preciso para dar verosimilitud a una situación irreal

Eco mediático

Puertas jugó con el supuesto dolor de niños indefensos para embadurnar de vaselina su mensaje y, con todo crear ruido en la opinión pública que pudiese influir en los fiscales que han de recibir la denuncia.

Este es el sentimiento que cundió entre los periodistas que hace 10 años cubrimos la “operación Garzón contra Intervida” y que asistimos a la rueda de prensa del miércoles.

La denuncia, según las fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global, tiene una muy escasa posibilidad de ser admitida a pesar del pretendido ruido tumultuario.