El Juzgado de lo Penal número 9 de Barcelona ha condenado al juez Salvador Agustí Chela Rodríguez por un delito de “abandono de la familia por impago de la pensión”. El tribunal le castiga con una pena de nueve meses a razón de seis euros al día y a abonar las facturas pendientes, según lo estipulado en el acuerdo de divorcio, que, en este caso, ascienden a 9.000 euros.

Chela fue denunciado por su expareja la letrada Sonia Torras, quien le acusó no sólo de no pasarle el dinero establecido en concepto de manutención, alimentos y gastos escolares de sus hijos, sino de intentar tretas para ocultar su patrimonio.

Sentencia de divorcio

El fiscal afirmó en su escrito que “no existe excusa alguna para incumplir el mandato judicial de la sentencia de divorcio”.

Según la misma, Chela debe indemnizar a su exesposa con 1.600 euros por las cuantías adeudadas en los meses de enero, febrero, junio y julio de 2013, así como abonarle la cantidad de 8.492 euros por los gastos escolares impagados.

Injustificadas explicaciones

Durante el juicio, Chela dijo que no pagó el colegio de los niños porque su ex los cambió de centro escolar. Respecto al motivo por el que no satisfizo las cuantías mensuales estipuladas en la sentencia, dice que sí lo hizo, al menos una parte de ellas. Afirma que le entregó 600 euros a su antiguo suegro y que éste le firmó un recibo.

El padre de la denunciante es ciego y no pudo asistir al juicio por estar gravemente enfermo. En fase de instrucción, declaró que lo dicho por Chela era falso.

Un juez ejemplar

La magistrada de lo penal reprocha al condenado que no acatase la sentencia cuando, por su condición de juez, es perfecto conocedor de sus derechos y obligaciones jurídicas. Contra esta resolución, Chela ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial.

El último destino de este juez se sitúa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Rubí (Barcelona). Chela fue muy conocido por la denuncia que un grupo de ultraderecha presentó en Mollet (Barcelona), donde él dirigía un juzgado de instrucción, en la que se acusaba al presidente de la Generalitat por desobediencia en el caso del 9N. El magistrado la archivó y se negó a retirar las urnas.