La nueva titular de Sanidad, Dolors Monserrat, solo lleva dos meses en el cargo y tres iniciativas polémicas. La última, un retoque “más justo” en los copagos de los pensionistas según su nivel de renta, ha mostrado las costuras de la reforma de Ana Mato en 2012. Y, de paso, ha reabierto un debate frenado por los interminables procesos electorales.

Según datos oficiales, en estos cuatro años el copago ha recaudado de los bolsillos de los pensionistas unos 400 millones anuales. Pero el ahorro tras el descenso inicial de las prescripciones y el gasto público en medicamentos se ha esfumado. Las recetas, de acuerdo con la tendencia en los últimos meses, volverán a rebasar en el 2016 los 1.000 millones  y la factura a las arcas públicas los 10.000 millones de euros.

Desembolso imparable

Los estudios de Farmaindustria aseguran que no es posible contener el desembolso en medicinas por la imparable tendencia al aumento de la esperanza de vida de los españoles, el  envejecimiento de la población y la transformación en enfermedades crónicas, con sus costosos tratamientos, de dolencias que antes eran mortales, como el VIH o la hepatitis C.

También defiende la patronal farmacéutica que no será fácil apurar más las prescripciones o rebajar más los precios, especialmente tras las medidas tomadas desde el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para imponer los medicamentos genéricos. El gasto medio por español, según sus datos, es de 204,5 euros, un 25% por debajo de la media de la UE. Asimismo, el precio medio por receta es un 16% menor y el consumo medio de recetas un 11%.

Pensionistas en alerta

En cualquier caso, la iniciativa que Mato dejó sobre la mesa, y ha retomado Monserrat, ha reabierto la caja de los truenos. Ha disparado el rechazo de toda la oposición y, sobre todo, de los 2,3 millones de jubilados amenazados con un aumento en su contribución por disponer de rentas superiores a los 18.000 euros.

De rebote, también ha puesto en pie de guerra reivindicativa a miles de funcionarios jubilados acogidos al régimen de Muface. Actualmente, igual que los funcionarios en activo, deben abonar el 30% del precio de las medicinas, aunque tienen ventajas en otras prestaciones y en la consulta directa de médicos especialistas. Reclaman que su aportación sea sólo del 10% y con los mismos topes mensuales de pago: ocho euros para quienes ingresen entre cero y 18.000 al año; 18 euros para los que perciben entre 18.000 y 100.000; y 60 euros para quienes rebasen los 100.000.