Anticorrupción denuncia el contrato falso de CDC al excantante de Los Sírex

La Fiscalía ha presentado una querella por la contratación supuestamente simulada en Barcelona Regional (BR) de dos cargos de "la órbita" de CDC durante el mandato de Xavier Trias como alcalde de la capital catalana.

El fiscal anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled expone la necesidad de presentar la denuncia para el "completo esclarecimiento" de unos hechos que, en su opinión, tienen trascendencia penal.

Concluye que Jesús Arévalo Bravo y Antonio Miquel Cerveró –el vocalista de los Sirex, conocido como Leslie– estaban dados de alta como trabajadores de BR y cobraron como tales, pero ambas personas "resultan completamente desconocidas en dicha entidad, sin que se conozca ubicación o trabajo alguno en la misma" y sin que conste que trabajaran en otro servicio municipal.

200.000 euros

Arévalo cobró un total 155.067 euros desde el 15 de julio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 mientras que Cerveró percibió 59.544 euros desde el 9 de enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2015, según una auditoría externa encargada por el ayuntamiento y recogida por la Fiscalía.

Además de estar en la órbita de CiU, lo dos estaban "directamente vinculados" al que era presidente del consejo de administración de Barcelona Regional, Antoni Vives, en cuanto era también concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de Hábitat Urbano en el Ayuntamiento de Barcelona.

La investigación parte de un expediente informativo ordenado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que remitió a la Fiscalía y en el que describían una serie de contrataciones que venían irregulares en Barcelona Regional entre 2012 y 2015 –una entidad con accionariado público en el que el Ayuntamiento de Barcelona es accionista mayoritario–.

El expediente municipal citaba a diez trabajadores que formalmente estaban en nómina de Barcelona Regional pero que materialmente prestaban servicios fuera de esta entidad; sin embargo, la Fiscalía solo ve un posible delito en dos de ellas.

En las otras ocho, el fiscal ha concluido que aunque hay "anomalías procedimientales" pero que no tienen trascendencia penal porque eran empleados de BR que temporalmente estaban destinados a trabajos reales, justificados y efectivamente prestados en diferentes áreas del Ayuntamiento.

Archiva el resto del expediente

El fiscal ha archivado, sin embargo, la investigación de otras supuestas irregularidades de las que la alcaldesa había informado: en las contrataciones externas de BR, una exposición y sobre la actividad internacional de la misma entidad al no ver indicios delictivos.

Sobre las contrataciones externas, Sánchez Ulled no encuentra delito aunque sí "irregularidades admnistrativas" y vicios puramente formales pero sin consecuencias penales.

En cuanto a la exposición Ciutat Port, el fiscal tampoco ve delito y dice que "no rebasa del debate político acerca de la conveniencia y utilidad de la misma dado su elevado coste, o el de las meras irregularidades administrativas".

Tampoco ve delito en la gestión de la actividad internacional en BR más allá de que puediera haber "responsabilidades de carácter contable" pero sin un carácter penal.

En un comunicado este viernes, Vives ha asegurado que trabajará "al lado de la justicia para aclarar lo que sea en relación con la contratación de los dos trabajadores de Barcelona Regional".

También ha dicho que, como el fiscal ha archivado prácticamente la totalidad del expediente, ha pedido a sus abogados estudiar cómo se puede reparar "el mal hecho a su honor" por parte de cargos institucionales que, según él, lo han acusado sin fundamento de manera muy grave.