Los arquitectos del Palma Arena defienden sus 8,5 millones de honorarios

A menos de un año para acceder a la jubilación, una vez cumpla en diciembre los 72 años establecidos por la ley como tope máximo para que un juez pueda retirarse, José Castro ultima los flecos que le quedan pendientes por instruir de lo que ha sido su causa estrella, el caso Palma Arena, del que derivaron hace más de seis años las investigaciones que sentaron a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados.

Entre las pesquisas que nutren el procedimiento judicial, centradas en el sobrecoste de más de 50 millones de euros que supuso la construcción de la infraestructura deportiva, su conexión con el enriquecimiento presuntamente ilícito del expresidente balear Jaume Matas y la financiación irregular del PP balear, restan por cerrar las relativas a los honorarios que percibieron los arquitectos que dirigieron las obras.

No justificaron gastos

Precisamente, este lunes han declarado ante el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción. Luis y Jaime García-Ruiz, cuyo contrato con el Ejecutivo de Matas ascendió a 8,5 millones de euros, han defendido en sendas comparecencias la legalidad de los fondos que percibieron y, más en concreto, de las facturas que varias subcontratistas emitieron contra el despacho de ambos, GR1, posteriormente cargadas a las arcas públicas.

Tal y como han asegurado, desde la Administración nunca les obligaron a justificar los gastos en que incurrieron tras ser contratados --a dedo, según los investigadores-- y, según defienden, todos los gastos se ceñían al objeto de su contratación.

Sospechas de las acusaciones

Los arquitectos han rebatido de este modo lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y la abogacía de la comunidad autónoma. Las acusaciones creen que las facturas que presentaron al Gobierno balear nada tenían que ver con la dirección de las obras y los trabajos de arquitectura, sino que corresponden a viajes y comidas cuyo coste asciende a más de tres millones.

Castro ya se refirió a la contratación de los García-Ruiz de forma contundente en uno de sus autos al tacharla de "aberración jurídica" carente de "todo soporte administrativo". Tanto el Ministerio Público como el propio magistrado sostienen que la intención de Matas pasaba por beneficiar de forma directa y exclusiva a ambos hermanos y a su empresa.

Jaume Matas, la pista

El caso Palma Arena fue impulsado en 2009 con la lupa puesta sobre el elevado tren de vida de Matas. Efectivos de paisano de la Guardia Civil llegaron a recorrer entonces varios establecimientos en los que Matas compró el caro mobiliario para su palacete, ubicado en el centro de Palma, y donde su mujer hizo lujosas y continuas compras en efectivo.

La causa derivó finalmente en la apertura de hasta 28 piezas separadas. Una de ellas, la relativa al presunto desvío de más de seis millones públicos a favor del Instituto Nóos, que se encuentra pendiente de sentencia.