Cargos de Interior asistieron a cursos financiados con dinero de los ERE

Francisco Pérez, actual jefe del gabinete del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y Gregorio Serrano, Director General de Tráfico. Ellos fueron dos de los cargos públicos que participaron en los cursos de formación de alta dirección empresarial que impartió el instituto San Telmo de Sevilla entre 2004 y 2010. Dicha institución había recibido, al menos, cinco subvenciones irregulares por un montante global de 1.192.000 euros, procedentes de la partida presupuestaria dedicada al subsidio por desempleo en Andalucía.

Según consta en el sumario del caso de los ERE, que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectaron hasta una decena de irregularidades en la concesión y tramitación de las cinco subvenciones que la Consejería de Empleo otorgó a la fundación San Telmo (de la que depende el instituto) entre 2004 y 2010 para becar a 240 alumnos. Los inspectores del IGAE concluyen en un informe solicitado a instancias del propio juzgado que en la "concesión se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido” y añadía que el pago para que se impartieran cursos de alta dirección no tiene carácter de subvención, sino contractual de prestación de servicios.

Implicación y rectificación

El 29 de diciembre de 2011, después de estallar el caso, la propia Consejería de Empleo inició el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de las cinco ayudas concedidas a la Fundación San Telmo tras constatar “la ausencia de trámites inequívocamente imprescindibles que constituyen el contenido mínimo e irreductible del procedimiento”.

Se da la circunstancia de que, el pasado 11 de noviembre, el rey Felipe VI presidió la inauguración de la VI asamblea de la Agrupación de Miembros del Instituto San Telmo. El monarca, junto a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, fue acompañado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El Ministro está al corriente

Zoido y Sanz firmaron la querella que dio lugar al caso de los ERE y han liderado, de una forma activa y beligerante, la acusación particular en este controvertida macrocausa de corrupción política que afecta al departamento de Trabajo de la junta andaluza. Por lo tanto, son conocedores directos y privilegiados de los entresijos que se están investigando desde el juzgado sevillano, que dirigió la juez Mercedes Alaya, gran amiga de Zoido, tal y como ha detallado este medio en diversas informaciones. El actual ministro de Interior y el delegado del Gobierno en Andalucía saben, por lo tanto, que el Instituto San Telmo está en el punto de mira de la investigación judicial. Se ignora si, en este sentido, el Rey fue informado de estas circunstancias con anterioridad al acto al que asistió en noviembre.

No deja de ser chocante, en todo caso, que dos de los hombres de confianza de quien ha ejercido la acusación particular de los ERE sean dos de los políticos beneficiarios de unos cursos de “alta dirección” que jamás hubieron de ser subvencionados, como concluye la Intervención General del Estado, y mucho menos cuando el dinero utilizado para ello procedía del fondo presupuestario de la partida “31L” (cuya pieza separada se investiga activamente en el juzgado), destinada a los parados andaluces.

San Telmo, un poder en Andalucía

La Fundación San Telmo es una institución independiente sin ánimo de lucro, cuyo fin es el desarrollo económico y empresarial del sur de España y de algunos sectores y colectivos a nivel internacional.

En sus estatutos, artículo 6, textualmente se recogen entre sus fines y objetivos: “La promoción, a través de sus actividades y de los centros que cree, de la formación, especialización, perfeccionamiento y el progreso profesional en el ámbito de las empresas e instituciones públicas de Andalucía, preferentemente en los sectores agrícola, ganadero y agroindustrial, y con una orientación especial en orden a la acción en los países iberoamericanos, de la Unión Europea, de África y del entorno de la comunidad autónoma andaluza, contribuyendo así al desarrollo de Andalucía”.