La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, más conocida como ley de dependencia, cumple diez años este miércoles. Se trata de un celebración cuestionable pues, a pesar de que 852.000 dependientes se benefician de ella, 355.596 aún permanecen a la espera de percibir alguna prestación o servicio. Este es el panorama que dibuja la estadística del IMSERSO actualizada a 30 de octubre de 2016, la última que se encuentra disponible.

Sin duda, las cifras que arroja el IMSERSO no resultan alentadoras. Y es que, de entre los que aguardan una ayuda que no llega, 123.136 sufren un dramático nivel de dependencia –catalogado como severo y grande–. Por otro lado, aunque el número de estos últimos se ha reducido un 59,75% desde 2011, dicho descenso se debe a que 125.000 personas fallecieron antes de percibir asistencia alguna.

Una ley confusa

"Se trata de una ley que generó muchas expectativas y que la administración empezó a aplicar por encima de sus posibilidades", explica a Crónica Global María Ramos, directora de la Asociación Catalana de Enfermedades Neuromusculares (ASEM Catalunya). "Tras los recortes y los sucesivos cambios a golpe de decreto", describe Ramos, "los afectados quedaron en una situación de inseguridad jurídica, ya que ni la misma Administración sabía cómo aplicar la normativa".

Hasta tal punto resulta confusa su interpretación, revelan en ASEM, que diversos pacientes se han visto obligados a devolver la ayuda tras habérsela concedido por error la Administración. "Todo ello ha desembocado en una enorme frustración", concluye la directora.

Desigualdades territoriales

A esto se le añade la distinta aplicación que se realiza de la ley en el conjunto del territorio nacional. En Baleares, por ejemplo, se otorga un 70,8% de ayudas económicas en detrimento de servicios como plazas en residencias o centros de día. Mientras, en Madrid, ocurre el fenómeno contrario, confiriéndose un 17,54% de prestaciones económicas frente a un 82,46% de servicios asistenciales.

Estos desequilibrios han sido constantes desde que la norma entró en vigor, y ni el ritmo de implantación ni su cobertura han sido homogéneos en toda España. En este sentido, destaca el caso de las listas de espera, cuyo ejemplo más acusado lo protagonizan Canarias y Castilla y León. Así, frente al 46,9% de dependientes que esperan la ayuda en la primera comunidad, en la segunda lo hacen solo un 0,5.