El efecto académico de las reválidas, es decir, la necesidad de aprobar el examen para obtener el título de ESO y Bachillerato, era la última parte de la ley de educación (LOMCE) que quedaba por aplicar. El acuerdo del lunes entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autónomas lo han impedido, de momento.

El PP ha dado marcha atrás en lo que ha sido una de las medidas más polémicas que incluye la normativa, criticada y rechazada por la gran mayoría de la comunidad educativa. Pero su postura ante los consejeros de todas las comunidades autónomas contrasta con su defensa de la totalidad de la LOMCE, que puede llegar al Tribunal Constitucional.

Los vetos del Gobierno

Desde que empezó la legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado la tramitación de 13 proposiciones de ley de la oposición y de parlamentos autonómicos. La Mesa del Congreso es quien tiene la última palabra, donde el PP no tiene mayoría, y ya ha tumbado algunos vetos. Uno de ellos iba dirigido contra una propuesta del PSOE que buscaba paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE.

Se encontró con el veto del Gobierno, aunque la Mesa no lo atendió. El Ejecutivo se aferra a todas las opciones para tirar adelante la ley en su totalidad, y puede recurrir ahora a la Justicia. Moncloa estudia plantear un conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Su argumento principal es que los cambios en el calendario de aplicación de la norma en educación afectaría a los Presupuestos, una cuestión del Ejecutivo.

Satisfacción contenida

Al finalizar la reunión con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, los consejeros de educación de las comunidades presentaron el resultado como una gran victoria. Desde algunos sindicatos se muestran más prudentes. “Queda por ver qué hay detrás del acuerdo y qué dice con exactitud el real decreto, si es transitorio, por ejemplo”, avisa Montse Milán, delegada sindical de CCOO.

La LOMCE, gestada entre 2012 y 2013, ha sobrevivido a tres huelgas. Las reválidas es la última parte que quedaba pendiente en el calendario de implantación, pero no ha sido la única polémica. El peso creciente de los colegios concertados, las ayudas a centros que segregan por sexos y los contenidos de las materias troncales fijados desde el Gobierno central son otros ejemplos, ya vigentes.

En el caso de Cataluña, también causó controversia otra parte de la ley, que obliga a los gobiernos autonómicos a pagar la plaza en un colegio privado con oferta en castellano a los alumnos que prefieren esta lengua a otras cooficiales. El Gobierno de Rajoy ha conseguido aplicar casi en su totalidad la llamada Ley Wert. Mientras las reválidas se mantienen en el aire, continúa su lucha para salvar su ley de educación.