Inmersos en numerosos procedimientos judiciales, los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos suman una nueva petición de cárcel a las que ya acumulan a sus espaldas. La Fiscalía Anticorrupción reclama para cada uno de ellos siete años de prisión, y multas que ascienden a un total de 121.000 euros, por la compra presuntamente fraudulenta de acciones de dos hoteles en Mallorca y Las Palmas por 11,6 millones.
De nada ha servido que el clan alegase en numerosas ocasiones que en ningún caso tuvieron ánimo de defraudar. El fiscal no duda de que “jamás tuvieron intención de pagar” el precio fijado para adquirir las participaciones.
En concreto, sobre los encausados --Zoilo, Javier, José María, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos-- pesan un delito de estafa agravada y otro de insolvencia punible.
Avales inveraces y una sociedad pantalla
En un escrito de acusación al que ha tenido acceso Crónica Global, el Ministerio Público relata con dureza los mecanismos empleados por los vástagos del fundador de Nueva Rumasa --fallecido en septiembre de 2015-- para lograr hacerse con las acciones entonces propiedad del grupo mallorquín Inversiones Insulares Lladó. La querella de ésta última dio impulso a esta causa.
Para que los vendedores se fiaran de su solvencia, los Ruiz-Mateos (padre incluido) no dudaron en presentar garantías inveraces de las empresas aparentemente más rentables de Nueva Rumasa: Clesa, Dhul y Carcesa. Se sirvieron, además, de una sociedad pantalla y de un testaferro --actualmente en busca y captura-- que pudieran facilitar la operación.
Desaparición de los fondos
Todo ello, relata el fiscal Juan Carrau, lo acompañaron de una imagen de "éxito profesional y alta capacidad económica, gracias a la que lograron hacerse con la propiedad de los hoteles y aplazar el pago de más del 80% del precio. Tan sólo un día después, los Ruiz-Mateos hipotecaron los establecimientos hoteleros a fin de que estos no pudieran ser recuperados por los anteriores propietarios, y los fondos obtenidos acabaron desapareciendo.
Se trata de maniobras empleadas de forma similar en otras operaciones y, en virtud de las cuales, se encuentran bajo lupa judicial en varias causas también instruidas en Baleares. De hecho, la Fiscalía solicita seis años de cárcel para los acusados por otra presunta estafa, en este caso de 13,9 millones, en la compra de un hotel de Calas de Mallorca.