Un informe elaborado durante 2013 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cita de forma expresa a Juan Ignacio Zoido y al número dos de la actual gestora del PSOE, Mario Jiménez, por su activa participación en el polémico ERE al que se sometió a la industria minera onubense La Faja Pirítica.

La Guardia Civil detectó que una treintena de trabajadores de empresas auxiliares que nada tenían que ver con la plantilla de la Faja Pirítica habían sido incluidos en el listado de beneficiarios de la póliza económica de compensación que se estipuló tras la firma del ERE entre trabajadores y patronal.

En ese informe se reseñó al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, como el representante de la Administración central (entonces era delegado del Gobierno en Andalucía), en la gestión de la póliza que había de garantizar la compensación económica de las decenas de trabajadores afectados por el ERE en la minera. También se citaba a Mario Jiménez, líder del PSOE en Huelva.

Negociación irregular

La mitad de la millonaria dotación de dicha póliza debía de ser aportada por la Junta de Andalucía y la otra mitad por parte del Gobierno central, representado en esas negociaciones por Zoido en virtud de su cargo.

El acuerdo se cerró y una treintena de trabajadores de empresas que nada tenían que ver con la minera La Faja Pirítica, se beneficiaron, de forma irregular, de la cobertura de dicha póliza, cuestión esta que la Guardia Civil consideró delictiva y así lo hizo constar en el informe que obra en esa pieza del sumario.

Unos imputados, otros no

El alcance de ese atestado y de otras informaciones aportadas por la Agencia Tributaria empujaron a la juez Alaya a imputar al consejero de Trabajo y al director general de Empleo de la Junta de Andalucía. Sorprendió que participando al 50% la Administración central en la tramitación de los eres fraudulentos la instructora no acusara a ninguno de sus representantes. Algunos de los que trabajaron en aquellos expedientes, en los que se incluyeron prejubilaciones irregulares, salieron indemnes, como es el caso del entonces delegado del Gobierno y el ugetista onubense.