Expolio de recursos públicos en Barcelona. La empresa de servicios de limpieza FCC Servicios Ciudadanos ha defraudado, presuntamente, un total de 800.000 euros en un periodo de dos años --del 2013 al 2015-- con la manipulación de datos de la gestión del servicio de limpieza y la gestión de residuos urbanos con el objetivo de inflar sus ingresos.

Lo avanzaba este jueves el diario El País y el consistorio barcelonés lo ha confirmado al mediodía en rueda de prensa. Unos abatidos tenientes de alcalde Janet Sanz y Jaume Asens han informado sobre el caso de presunto fraude ante el que se encuentra el ayuntamiento, que lo ha descubierto hace diez días gracias al trabajo de investigación del periodista del citado medio.

Tras descubrir la situación, el equipo de Ada Colau trabajó para comprobar la veracidad de la información, se reunió con la Fiscalía de Barcelona el pasado viernes, momento en el que presentó formalmente la denuncia.

Gravedad extraordinaria

“Estamos ante un caso de gravedad extraordinaria”, ha dicho Sanz, y ha explicado que las irregularidades se basan, sobre todo, en tres aspectos. El primero, que FCC aseguraba que trabajaban en los servicios de limpieza entre ocho y diez operarios más de los que realmente lo hacían. Un dato que supone 600.000 euros de los 800.000 defraudados.

El segundo tiene relación con la recogida de residuos, con la facturación de servicios no realizados y la agrupación de diferentes tipos de basura sin comunicarlo al consistorio. El motivo residía en los ingresos, ya que si llenaban más de un número determinado de camiones con esos residuos, la facturación menguaba. Si llenaban menos, cobraban más. El camión que iba a reducir la facturación por superar el cupo desaparecía del circuito y se escondía. Al día siguiente, se ponía en circulación y se iniciaba de nuevo el recuento.

El tercero se basa en los residuos no recogidos, pero sí facturadas: recogían 42 toneladas de residuos de envases, pero facturaban 6.000.

Trama organizada

Asens ha querido remarcar la importancia de que no hay ningún funcionario implicado en la trama de corrupción, y ha reiterado el mensaje de firmeza ante los hechos: “Es una ofensa al ayuntamiento y un ataque a la ciudadanía con un ámbito muy sensible como es el de la limpieza”.

Define el caso como “una trama organizada para eludir los mecanismos de control y ha conseguido burlarlos. Pero tendremos más cuidado en el futuro”, asegura. Ha pedido a la Fiscalía que actúe con celeridad y contundencia y que intente evitar el riesgo de destrucción de pruebas.

El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado entre 9.000 y 10.000 inspecciones anuales a la empresa en las zonas afectadas --Gràcia, Eixample y Ciutat Vella--, y ha asegurado que puede darse una inhabilitación de la empresa para que no entre en ningún otro concurso y cláusulas de rescisión del contrato con FCC, que por el momento todavía trabaja con el consistorio hasta el año 2019.