El Instituto Catalán de la Salud (ICS) se equivocó al inhabilitar dos años y medio a un médico, que falleció durante el proceso judicial. La sentencia de un juzgado de Barcelona, favorable al profesional, obliga ahora al proveedor público de servicios sanitarios en Cataluña a pagar a su viuda el salario correspondiente a los meses que su marido no trabajó antes de morir. Además, la pensión de viudedad que cobra será actualizada tras revisadar las cotizaciones correspondientes.
En febrero de 2015 el ICS decidió inhabilitar a Emilio Viudes, que hacía 32 años que trabajaba en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Castellbell i el Vilar, un pueblo de menos de 4.000 habitantes de la comarca del Bages (Barcelona).
El organismo público abrió un expediente administrativo al considerar que el doctor atendía a pacientes de mutuas privadas en el ambulatorio público. Casi dos años después, el juez ha estimado el recurso que interpuso el afectado. Viudes estuvo inhabilitado durante seis meses, ya que falleció de cáncer en agosto del mismo 2015.
Atención a funcionarios
La sentencia contempla que, además de los afiliados a la Seguridad Social, el doctor solo recibía a funcionarios afiliados a Muface y Pamem, mutualidades que gestionan las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado. “Existe un convenio de estas dos mutuas con el ICS por el que los centros públicos pueden dar cobertura asistencial a los afiliados de Muface y Pamem”, explica el abogado defensor, Andreu Sunyer, la clave del caso.
En estos supuestos, los pacientes presentaban unas veces la tarjeta de la Seguridad Social y otras la de las mutuas, que funcionan a través de seguros médicos privados. “Por esta razón las tarjetas que usaban eran de DKV, Adeslas u otras mutuas privadas, aunque estaban afiliados a Muface o a Pamem”, aclara Sunyer.
Tres expedientes
La única irregularidad se produjo en la gestión de la atención de estos pacientes. Y es que el ICS tiene que generar una factura al cubrir la atención de los funcionarios. “El problema está en la gestión del proceso; falló algo, pero no fue la actuación del médico”, afirma el letrado. Con Emilio Viudes, otros dos facultativos fueron expedientados. El caso causó gran revuelo en la zona, donde los tres llevaban trabajando mucho tiempo y estaban bien considerados entre la población.
Además, se trata de los que más facturación generaban en la comarca. Los otros dos casos, sin embargo, se quedaron en nada. Al primero se llegó a un acuerdo con el ICS en poco tiempo, mientras que el segundo también se resolvió antes de llegar a los tribunales.
Diferencias entre la consejería y el ICS
El ICS y la Consejería de Salud mostraron diferentes posicionamientos ante el caso. El entonces consejero, Boi Ruiz, envió una carta a la viuda de Emilio Viudes. En ella afirmaba que la inhabilitación de su marido había sido una medida desproporcionada.
En otro de los casos de la comarca, el jefe del departamento hizo valer su rango superior al ICS, tomó el control y deshizo la inhabilitación del médico.