La falta de intérpretes para que los detenidos puedan comunicarse debidamente ha puesto en pie de guerra a los abogados catalanes. Desde que vio la luz el proyecto de Ley de Justicia Gratuita en el año 2014, los letrados se quejan de la falta de herramientas que consideran básicas para una óptima defensa de cualquier persona que tenga un problema judicial.
Los pagos impuntuales o la limitación de la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones son dos de los aspectos que han provocado que los letrados pongan el grito en el cielo. Pero un tercer contratiempo, que no suele darse a conocer, es el de los intérpretes.
Acceso limitado
Faltan profesionales del sector de la traducción que faciliten la comunicación del detenido con el abogado. El propio decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, alertaba de la injusticia que supone que, en este tipo de temas, no se tenga en cuenta la opinión de los letrados, que son los que prestan el servicio.
“La no resolución de aspectos como estos va en detrimento del servicio al ciudadano que ve malversado su acceso a la justicia”, añade. Pero el problema no es solo la falta de intérpretes, sino también la poca o nula exigencia tanto profesional como académica que se les pide.
Sin titulación
“A veces llegas tú a la comisaría y el traductor aparece bastante después, por lo que estás delante de tu cliente sin poder comunicarte con él”, cuenta a este medio una abogada, y hace un inciso sobre la relación de esta situación con las malas condiciones laborales con las que trabajan.
Otro letrado reitera la necesidad de regular de alguna manera la falta de titulación universitaria de muchos de los intérpretes que trabajan en el sector. “En alguna ocasión ha pasado que ves cómo tu cliente lleva rato hablando con el traductor y, cuando acaba, éste se gira hacia ti e interpreta que solo ha dicho ‘sí’".
Los abogados elevaron su queja al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una mesa redonda junto a mandos de los Mossos d’Esquadra y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, donde trataron temas que vulneran los derechos de las personas que cumplen condena en una prisión.