Curiosa iniciativa la última promovida por el Gobierno de Andorra con la ayuda de los comunes --órganos de representación y administración civil de las parroquias, corporaciones públicas con personalidad jurídica y potestad normativa local--: el Ejecutivo creará un censo de ADN de todos los perros del país extraído de las heces de las mascotas.
El análisis será obligatorio en 2017 y permitirá descubrir y multar a los dueños de los canes que ensucien la vía pública con sus necesidades.
Sanciones a partir de 2018
El Gobierno del Principado comenzará a imponer sanciones a partir de 2018 a los dueños de los perros que dejen sus excrementos en la calle, aunque hay que modificar la ley de tenencia de animales. Se estima que en el pequeño país del Pirineo hay unos 10.000 canes. La prueba costará unos 30 euros.
El censo lo gestionará el propio Gobierno, que recibirá los resultados de las pruebas de los veterinarios. Inicialmente, la propuesta planteaba que los comunes costeasen la prueba, pero se ha descartado para evitar agravios comparativos con las personas que no tienen mascota. Sí que asumen el coste de la recogida y el análisis de cacas de la calle. Los comunes irán al ministerio para disponer el censo y vincular las heces con el propietario del perro. Por ahora, se trabajará en la confección de un pliego que permita la adjudicación de analíticas.