La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha ordenado la remisión, al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, de la investigación realizada por el Ministerio Público desde que recibiera, el pasado día 11 de agosto, la denuncia de un grupo de inversores que dijeron sentirse estafados por la empresa GIEM Sports, Espai Memorial Barcelonista SLU y por el FC Barcelona, sobre la gestión del columbario del club deportivo.
Los inversores, 22 entre personas físicas y sociedades mercantiles afectadas, aportaron un total de 1.350.000 euros en el proyecto publicitado en 2012.
Los plazos han vencido
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El Barça, al corriente
La denuncia resalta que el Barça era conocedor de la trama, que estaba al corriente, que ya habría recibió un mínimo de un millón de euros, pero que, transcurrido el plazo de reintegro, los inversores no han visto ni un euro de lo acordado. Por ello, consideran al FC Barcelona responsable penal a título lucrativo porque ya se ha beneficiado de un proyecto que no ha puesto en marcha.
La denuncia también resalta que el directivo Antoni Freixa, mano derecha del entonces presidente (2012), Sandro Rosell, fue quien urdió todo este montaje. De hecho, según se reitera en la denuncia, el acuerdo de adjudicación del contrato se firmó en el bufete de abogados del Freixa que, como ya ha explicado este medio, actuó, a la vez, de asesor de la empresa imputada.
Piden transparencia al club
Los denunciantes han pedido expresamente al Ministerio Público y lo reiteraran ante el juez que, “a través de la policía judicial, se solicite a la tesorería del FC Barcelona, en la persona de doña Susana Monje i Gutiérrez, vicepresidenta del área económica, a los efectos de que certifique las cantidades recibidas y fechas de entrega por parte de las empresas denunciadas así como el estado actual del contrato de colaboración”.