Pedraz investigará al embajador español en Kabul por la muerte de dos policías

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará al embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, y a su segundo, Oriol Solá, por la muerte de dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía en un atentado el 11 de diciembre de 2015 en Afganistán. El magistrado admite a trámite la demanda presentada por las familias de las víctimas por delitos de homicidio imprudente y tentativa.

Pedraz investigará a Pérez de Agreda por delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa. La querella, de hecho, acusa al embajador de no atender “nunca” las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad para la embajada, que se remontan al inicio de su construcción (2008).

El mutismo de Pérez de Agreda

Los denunciantes aseguran que las deficiencias se comunicaron también a Exteriores y que el mismo día del atentado se alertó, por los servicios secretos franceses, del riesgo de ataque. “Esto debería haber provocado la toma de medidas extraordinarias” que hubieran evitado la explosión de un coche bomba en los muros de la legación, dicen los familiares.

Las instalaciones de la Embajada, con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, no eran las adecuadas para el lugar donde se encuentra, añade la querella. La sede diplomática está fuera del perímetro de seguridad, todo lo contrario que la residencia de Pérez de Agreda, a quien acusan de “mutismo absoluto” sobre los problemas y riesgos.

Apariencia de infracción penal

La querella también precisa que el día del atentado, tres talibanes se colaron por el hueco provocado por la explosión del coche-bomba y dispararon contra los policías Isidro Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela, que murieron junto a 10 afganos miembros del personal de seguridad. Otros siete agentes resultaron heridos, hasta que fueron abatidos por las fuerzas norteamericanas.

El juez Pedraz considera que los hechos tienen apariencia "de infracción penal" y agrega que la Audiencia Nacional es competente para investigarlos al tratarse de un delito cometido por españoles fuera del territorio nacional y por funcionarios públicos residentes fuera de España. El magistrado incorpora las diligencias que hasta la fecha tenía abiertas la Fiscalía de la Audiencia Nacional.