La 'desconcertación' sanitaria que recorre España

La sanidad también se enfrenta en cuatro comunidades a la escalada anticonciertos con la privada y al intento de sus respectivos gobiernos de recuperar la gestión concertada por sus predecesores. En el caso de Cataluña, se pretende avanzar en la desprivatización y, de paso, en la desconexión de España con la creación de un modelo propio y soberano.

QuirónSalud es el principal grupo puesto en el disparadero. La batalla del consejero, Antoni Comín, empezó con la Clínica del Vallés en Sabadell, que se saldó con el despido de una treintena de trabajadores. El siguiente objetivo es el Hospital General de Cataluña, cuyo contrato con el sistema público asciende a 13,5 millones de euros y expira el próximo 31 de diciembre.

Los sindicatos le han advertido de que la decisión supondrá el cierre de unidades como las de radioterapia o hemodinámica, provocará más de 150 despidos, molestias al traslado de pacientes a otros municipios y más listas de espera. El Hospital del Sagrado Corazón es el siguiente de la lista.

Desprivatización a la valenciana

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha sido el más lanzado en su batalla contra la colaboración público-privada. Ya anunciado que no renovará el contrato al grupo Ribera Salud, impulsor del famoso modelo Alzira, que gestiona cuatro de los 24 departamentos sanitarios. Afectará al menos a 700.000 habitantes y a 5.700 profesionales en plantilla.

El ahorro no ha quedado claro en el llamado Pacto del Botánico, que selló la alianza entre los tres partidos de izquierda (PSPV, Podemos y Compromís), opuestos al modelo de gestión indirecta de la sanidad pública. La batalla judicial está servida, también en otros hospitales participados por DKV.

Rescate de obras

En Castilla-La Mancha, el ejecutivo de Emiliano García-Page lucha por rescatar algunos contratos de la administración anterior con el sector privado. Uno de los objetivos es finalizar el nuevo hospital del Toledo, con nada menos que 800 camas y una inversión de 300 millones de euros. Fue proyectado por el socialista Barreda como el mayor de Europa, junto a otro famoso y quijotesco hito del despilfarro autonómico, el aeropuerto de Ciudad Real. Lo paralizó la expresidenta María Dolores de Cospedal.

En Aragón, el Gobierno de Javier Lambán, también apoyado en principio por Podemos y ahora en la cuerda floja, trata de hacer algo parecido con los proyectados hospitales de Alcañiz y Teruel. Está previsto acabar las obras en el 2018. Si no hay nuevas interferencias.