El recorte en sanidad está listo antes que el nuevo Gobierno. La “previsión provisional” enviada por Mariano Rajoy a Bruselas pasa por destinar el 6% del PIB, una décima menos que este año, unos 1.070 millones de euros menos, según datos oficiales.

El tajo vaticina un 2017 con peor salud y más conflictos en un sector convertido en la mayor ETT (empresa de trabajo temporal) de España, con nada menos que 175.000 trabajadores interinos.

Llueve sobre mojado

La rebaja del gasto público --oficialmente una “proyección condicionada a la prórroga de los presupuestos”-- se suma a la pérdida en el gasto sanitario de casi 9.000 millones desde 2009. “Es un disparate. Será imposible mantener el mismo nivel de calidad y de servicios”, coindicen los sindicatos y los médicos colegiados en la OMC que preside Juan José Rodríguez Sendín.

También les preocupan los efectos dañinos sobre los profesionales de la sanidad pública, que durante este período se han visto reducidos en 13.000, y la imparable precarización del empleo.

175.000 interinos

Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han desnudado la situación laboral de un sector que emplea a 941.000 personas, 566.400 en el sector público y 374.600 en el privado. Pero con un abuso de la temporalidad que afecta a 175.000 eventuales e interinos, que vienen encadenando contratos desde 2009.

Los jueces españoles ya están actuando con la munición legal comunitaria y obligando a las administraciones a darles similares indemnizaciones que a los empleados indefinidos en caso de despido o a incorporarlos a sus plantillas si demuestren cubrir necesidades estructurales.

La mitad de las plazas

Los servicios sanitarios de Galicia y Madrid han sido los primeros en notar el alcance económico de estas sentencias. Todas las comunidades tratan de aprovechar para paliarlo las nuevas Ofertas Públicas de Empleo (OPE). Pero el departamento que todavía dirige Cristóbal Montoro les vigila muy de cerca. Aragón y Castilla-La Mancha han sido apercibidas de un recurso si no las limitan a menos de la mitad las plazas anunciadas.

Podemos, Ciudadanos y PSOE han reclamado la modificación de la ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para romper este corsé que impide ampliar plantillas. Ya se ha constituido una comisión en el Congreso de los Diputados que lo estudiará. Pero Fátima Báñez, ministra de Empleo, y de rebote de Sanidad, ha dejado muy claro esta semana que el Ejecutivo todavía en funciones no está, de momento, por hacer cambios en este punto.