Hasta 84 controladores continuarán encausados como paso previo a ser juzgados por provocar, con el abandono masivo de sus puestos la paralización del tráfico aéreo los días 2 y 3 de diciembre de 2010, lo que condujo a que unos 600.000 pasajeros resultasen afectados en pleno puente de la Constitución.

En el auto con el que una jueza de Palma ha puesto fin a la instrucción de la causa imputa a los controladores un delito de sedición por el que quiere que se sienten en el banquillo de los acusados, y da diez días a la Fiscalía y al resto de acusaciones personadas para que concreten las penas que solicitan para todos ellos. 

Alegaron estrés y ansiedad

La jueza subraya que ante la aprobación de un real decreto que iba a afectar a sus derechos laborales, los controlares, como medida de presión sobre Aena y el Gobierno y teniendo en cuenta "el gran número de desplazamientos aéreos que se iban a llevar a cabo" durante el puente de la Constitución "y la repercusión que ello tendría", los investigados decidieron, "de forma conjunta y coordinada, en las asambleas que tuvieron lugar en los tres aeropuertos [Palma, Ibiza y Menorca], paralizar el tráfico aéreo español sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría".

Los controladores alegaron para ello estrés y ansiedad que les impedía ejercer sus funciones, razones que la jueza considera "ficticias" al no estar en realidad enfermos y que obedecían a las medidas de presión previamente concertadas "con la única intención de conseguir su propósito". 

No se presentaron al servicio

Otros controladores se limitaron a no presentarse al servicio y comunicar su incapacidad para el trabajo vía telefónica, mientras que muchos no fueron localizados por no contestar al teléfono y otros se presentaron en los aeropuertos respectivos pero se negaron a controlar aviones comerciales, salvo que se tratase de emergencias.

La actuación provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos. Esto condujo al cierre del espacio aéreo en la tarde del 3 de diciembre y que el Gobierno decretara el estado de alarma el día 4. El tráfico se reanudó unas horas después. 

Unos 40.000 pasajeros resultaron afectados en Baleares. Uno de los perjudicados llegó a relatar ante el magistrado cómo estos hechos le impidieron volar desde Palma para viajar hasta Guadalajara, donde su madre se encontraba gravemente enferma y finalmente falleció sin que él pudiese estar a su lado.