Diez años de la ley de dependencia con 90 muertos al día en lista de espera

La ley de dependencia cumple 10 años, con todos los calendarios previstos concluidos, tras padecer los obstáculos de siete ministros de Sanidad (Caldera, Cabrera, Jiménez, Pajín, Mato, Alonso y Báñez). Los últimos datos oficiales cifran en 368.583 las personas en lista de espera para recibir alguna prestación o servicio; y en 32.926 --90 al día de media--, las que fallecieron en 2015. 

Otros 407.003 dependientes esperan ser evaluados y reconocidos como tales por el futuro Gobierno. Se sumarían a la lista de espera; y, quizás, a los 842.343 actualmente atendidos.

Rajoy ya lo dijo

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, siempre haciendo uso de fuentes públicas, calcula que solo en los últimos cuatro años han muerto esperando unos 126.000 dependientes. El cómputo coincide con la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy, quien ya había advertido en plena campaña electoral de 2011 que la “ley de dependencia no es viable”.

No obstante, la situación ha mejorado: los dependientes que consiguen la ayuda (166 al día) ya superan a los que fallecen. Hasta 2014 era a la inversa. Hay que tener en cuenta, como apunta un especialista, que el "50% de este colectivo son mayores de 80 años y con dependencia, es decir, con una esperanza de vida mucho más corta que el tiempo insoportable que pasan esperando a recibir sus ayudas”.

Galimatías autonómico

La efeméride llega con un galimatías en el cumplimiento de la norma, sobre todo a la hora de aportar los fondos necesarios. El Gobierno central ha ido dando pasos atrás en su financiación hasta, recorte tras recorte, dejar el 50% fijado en la ley 39/2006 en solo el 18%. La aportación autonómica se hace cargo del 62%, y el 20% restante son copagos o contribuciones del usuario.

Pero todo es en teoría. La mayoría de los ejecutivos autonómicos se han limitado a aportar el exiguo porcentaje del Gobierno. Los resultados son fácilmente constatables. Es el caso de Cataluña, donde los partidarios de la desconexión de España apenas aumentaron en un 0,5% las prestaciones durante el 2015. Pero, eso sí, el culpable sigue siendo Madrid.

Suspenso para algunas

El observatorio de servicios sociales le concede al ejecutivo catalán un suspenso (3,6) tras el más rotundo, de cero a Canarias o de 1,5 a la Comunidad Valenciana. La media es de 4. Las mejores notas son para Castilla y León, Andalucía y el País Vasco.

No sin cierta base, el ejecutivo de Ajuria Enea ha reclamado a través de la senadora del PNV, Nerea Ahedo, que el Estado cumpla el compromiso del 50% fijado por ley o que devuelva al País Vasco el porcentaje que algunas comunidades se han ahorrado. El Senado, con la aplastante mayoría pepera, ha rechazado la iniciativa.

La senadora socialista María Luisa Carcedo calcula que el incumplimiento del Gobierno central “ha causado un quebranto a las arcas de las comunidades autónomas de 1.767 millones de euros”.