El decreto del Ministerio de Sanidad para que las tarjetas sanitarias sean válidas en toda España prevé que las comunidades vayan implantando las nuevas según vayan caducando las actuales. Para la renovación ha dispuesto una financiación de 34,3 millones de euros hasta 2018.
Según el Indress, instituto dedicado al desarrollo, la innovación y la responsabilidad social sanitaria, solo Extremadura, Canarias, Navarra y Castilla-La Mancha se han incorporado al sistema de recetas interoperables. No obstante, Sanidad confía, con la habitual dejadez rajoyana, en que a finales de este año esté implantado en el 90% de las comunidades.
Está demostrado que, sobre todo en tratamientos crónicos de pacientes que se desplazan, este método es más cómodo y seguro. Aún falta afinar en si debe prevalecer el uso de la banda o el chip. El último sería, según los técnicos, un sistema más duradero y de más fácil lectura.
Actualmente, las asociaciones de pacientes denuncian que cada desplazado resuelve el problema como buenamente puede. A veces llevándose los fármacos de su comunidad de origen o volviéndolos a recoger, con recetas manuales "u otros sistemas un poco rudimentarios que chocan con el nivel de desarrollo de la informática”.
Historias en el limbo
elecciones efesalud
El caso es que las historias clínicas siguen en el limbo, a veces, incluso entre hospitales de la misma comunidad. Lo mismo ocurre, en el caso de tener un accidente grave en otra autonomía, con los testamentos vitales de casi 300.000 españoles que han dejado escrita su negativa a seguir con inútiles y cruentas terapias para alargar artificialmente su vida.
Conexión con los privados
El proyecto del ministerio que rige en funciones Fátima Bánez, tampoco contempla en ningún momento que las recetas y las historias se compartan entre centros públicos y privados. Un detalle no sin importancia, habida cuenta que más del 30% de los usuarios del SNS son atendidos en centros concertados.
La entrada del Hospital La Paz en Madrid / EFE
Los operadores privados reclaman ser incluidos en el sistema. Consideran que la titularidad debe ser lo menos importante, ya que hay pacientes que pasan de un centro público a otro privado o viceversa; y, de hecho, ya es posible el trasvase entre grandes cadenas de hospitales privados.
"Por cuestiones políticas o económicas, el paciente siempre paga el pato", asegura Carmen Moreno, diabética, empadronada en Guadalajara, que pasa temporadas con su marido discapacitado en Madrid y en Alicante.