La familia de José Mestre hace negocios con un organismo público

La familia de José Mestre hace negocios con un organismo público. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña paga un alquiler anual a una empresa del que fue el mayor operador portuario de Barcelona por su sede central. El pago a los allegados del condenado por narcotráfico cumple diez años este octubre, y acaba de ser renegociado a la baja. Pese a ello, la liquidación anual del contrato alcanzará los 855.230 euros en 2016, según la memoria publicada por la organización adscrita a la Consejería de Sanidad.

Según figura en el Registro de la Propiedad número 7 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la sede social de Emergencias de Cataluña está arrendada con opción a compra por Nordcontainer SL, que la realquila al SEM.

La mercantil fue presidida por el mismo José Mestre hasta 2010. Ahora, la presidencia de la sociedad está en manos de Invermesro, que comanda Rogelio Mestre, hermano del empresario mallorquín condenado a doce años de prisión en 2014. María Mestre y Carlos Mestre continúan de apoderados.

Preguntado sobre la relación contractual de las emergencias catalanas con la familia de Mestre, el organismo público no ha contestado a los requerimientos de este medio.

"Siempre hubo algo extraño"

Quien sí ha aportado su versión son trabajadores del SEM. "Siempre oímos algo extraño respecto al alquiler", recuerdan. Los empleados subrayan que Emergencias llegó a su sede actual en 2006. El expresident de la Generalitat Pasqual Maragall la inauguró el 25 de octubre de aquel año.

"El SEM aterrizó en L'Hospitalet tras la fusión con el 061. Se trasladó el centro operativo de Barcelona ciudad a la conurbación, para disgusto de muchos empleados, pues junto a la sede actual no hay nada, no pueden ni salir a comer", agregan las mismas fuentes. 

El personal recalca que el organismo público "ha hecho cuantiosas inversiones" en la nave industrial, que totaliza 6.898 metros cuadrados.

Investigación de la Fiscalía

Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió diligencias en 2009 para investigar la contratación y obras del nuevo cuartel general.

A la investigación del Ministerio Público se le sumó una denuncia del Síndic de Greuges, defensor del pueblo autonómico, que alertó de irregularidades en el nuevo edificio en el informe 22/2008, según avanzó El Diario.

Tres cambios de manos

La historia del cuartel general de las emergencias catalanas es compleja. Nordcontainer firmó un alquiler con opción a compra de la nave en 2003, por un valor total de 8,8 millones de euros. La mercantil de José Mestre activó la operación al subrogarse el derecho del entonces arrendatario, Terminales Cataluña SA, que también presidía él mismo.

Después, Nordcontainer firmó un subarriendo de diez años con el Sistema de Emergencias Médicas en 2006. La relación contractual puede alargarse en dos plazos de cinco años hasta 2020.

El año pasado, el organismo que gestiona las emergencias directamente en Barcelona, y mediante concesionarias en el resto de Cataluña, abonó 990.863 euros en concepto de alquiler. La cantidad se rebajará a 855.230 euros este ejercicio tras una renegociación a la baja.

Polémicas

El polémico alquiler del cuartel general de las emergencias catalanas es una más de las controversias que afectan al organismo que comanda de forma interina el doctor Jaume Estany. El facultativo fue ascendido a gerente temporal tras la destitución el pasado mayo del director del SEM Francesc Bonet.

El consejero de Salud, Toni Comín, adujo entonces que quería abrir "una nueva etapa" en la organización pública. Las palabras del titular de Salud se leyeron en clave de renovación, tras el concurso de adjudicación de las concesiones de ambulancias de 2015, que recibió varias denuncias de irregularidades.