Río Guadalquivir a la altura de Dos Hermanas / GOOGLE MAPS
Hacienda 'pasa' del juez del 'caso Marismas'
El magistrado pidió a la Agencia Tributaria una inspección de las cuentas de la filial de Abengoa, pero la delegación del Fisco dice que no está para informes periciales
10 octubre, 2016 00:00La presunta adjudicación irregular del macrocontrato sufragado por fondos europeos para la canalización del rio Guadalquivir no deja de deparar sorpresas.
Según consta en el sumario que construye el juez de instrucción número 16 de Sevilla, al que ha tenido acceso Crónica Global, el magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria sevillana dos inspectores que elaborasen un estudio pormenorizado de las cuentas de Befesa, una empresa que en 2009 era filial de la potente Abengoa.
El juez considera fundamental para el desarrollo de la causa este análisis contable que permita delimitar los flujos de capitales en los años en que Befesa recibió el macrocontrato (el total de la adjudicación superaba los 60 millones de euros) para la modernización del margen izquierdo del Guadalquivir entre las poblaciones de Dos Hermanas y Lebrija
No estamos para esto
La respuesta de la delegación de Hacienda en Sevilla ha sido “no”. El argumento expresado en un escrito remitido al juzgado es que la agencia tributaria “está para investigar delitos fiscales o de blanqueo de capitales”, pero no para la elaboración de “pericias”. Ante ese respuesta que deja en dique seco la elaboración de ese estudio que la instrucción judicial considera indispensable, el magistrado ha llamado a informe al ministerio fiscal para que se pronuncie al respecto.
El juez que aborda la recta final de este caso, en el que ha imputado a cinco altos cargos de la Junta de Andalucía implicados, quiere cerrar los últimos flecos que han surgido tras el informe presentado hace un año por la Guardia Civil. Según la unidad de delitos económicos, el importe total de los sobreprecios certificado y cobrado es de 12.093.201 euros. Jueces y fiscales no tienen dudas de que el concurso de adjudicación de esas obras fue amañado.
El juez ha imputado también a 19 miembros de la comunidad de regantes y a las empresas receptoras de ese sospechoso y millonario contrato.
