La Generalitat, gobernada por CDC y ERC, se prepara para desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si, finalmente, se confirma la suspensión de la prohibición de las corridas de toros aprobada por el Parlamento catalán en 2010.

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que “solo acatarán la decisión que en su día tomó Parlamento de Cataluña”. Munté ha explicado que la prohibición de la Fiesta Nacional fue fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue votada mayoritariamente el 2010 de manera “limpia”. “No queremos un país donde se mate o se haga sufrir a los animales”, dijo la dirigente convergente.

Marco competencial

Asimismo, el portavoz de la antigua CDC en el Congreso, Francesc Homs, cree que la decisión del TC se debe basar en "respetar el marco competencial" y no en "si a uno les gustan los toros o no".

"Hemos visto parte del TC yendo a los toros, pero creo que se debería de atender, no si a uno le gustan los toros o no, sino si hay competencia en el Parlamento de Cataluña para aprobar la ley que se aprobó en su momento y le aseguro que la hay". Por su parte, el diputado de ERC y portavoz adjunto de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, ha advertido de que si el TC acaba anulando la ILP, seguirá defendiendo dicha prohibición al "saltarse" la soberanía del Parlamento autonómico. Torrent cree que levantar la restricción "querrá decir que, por enésima vez, este tribunal totalmente politizado pasa por encima de la soberanía del Parlament y de la voluntad popular de los catalanes".

La aprobación de la ILP supuso la modificación de la ley de protección animal, con la prohibición de “las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren en las plazas de toros o fuera de ellas”.

 

Cataluña reguló la prohibición en base a la ley de protección de los animales, pero el Estado considera que la jurisdicción en materia de espectáculos es de su exclusividad. No obstante, el Estatuto catalán contempla los espectáculos públicos como competencia única, como también hacen otras autonomías por vía estatutaria. En caso de anulación del TC, el Govern podría volver a establecer la prohibición por esta nueva vía competencial. El Gobierno también contempla la cultura y la protección de la libertad artística como competencias exclusivas.

Ante la inminente sentencia del Tribunal Constitucional, el partido animalista PACMA prepara una "gran campaña de movilización social, política y legal" y ha convocado para este viernes una concentración ante la plaza de toros de la Monumental para expresar su rechazo a la recuperación de la llamada Fiesta Nacional.