La guerra de las ‘reválidas’ amenaza a medio millón de alumnos de Bachillerato

Pudo ser fulminada tras el intento de investidura de Sánchez con  C’s, o congelada tras el más reciente de Rajoy con el partido de Rivera. Pero fallaron y la polémica Lomce, con sus reválidas, sigue viva y coleando, especialmente sobre el medio millón de alumnos que acaban de empezar su 2º de Bachillerato. Los afectados no saben, por primera vez en la reciente historia, si tienen que hacer la prueba ni cómo prepararla. Algo parecido ocurre con la prevista al final de la ESO. Pero esa no es tan decisiva a la hora de continuar los estudios.

La guinda del ministro Wert, con el objetivo de unificar los 17 sistemas educativos distintos y españolizar a todos los alumnos, abre un otoño caliente con un titubeante Ejecutivo en funciones, 13 comunidades que se oponen a cumplir esta ley orgánica y un sector educativo (padres, sindicatos y estudiantes) preocupado como nunca y dividido.

Expertos en la materia, como Julio Carabaña y José Antonio Marina, ven positivo que el Estado regule titulaciones con validez nacional, pero dudan sobre las mejoras que las reválidas proporcionarán en la formación de los alumnos. También consideran una torpeza por parte de Rajoy seguir adelante con ellas mientras intenta pactar, y por parte de los partidos de izquierda haber frenado sus acometidas de parar la ley, a la espera de mejorar sus resultados en unas nuevas elecciones.

SARPULLIDO POR HISTORIA E IDIOMA

“La ley está en vigor y, mientras lo esté, su cumplimiento es innegociable”, sostiene un Ministerio de Educación, con su titular, Iñigo Méndez de Vigo, suave y diplomático en las formas, pero dispuesto a poner en marcha las pruebas, a pesar de la lluvia de recursos ante el Constitucional y el Supremo.

Su contenido será diseñado a partir de finales de septiembre por una comisión formada por altos cargos, con representantes autonómicos y docentes como invitados. Y en noviembre estará en el BOE, así como las fechas y otras características.

Aunque con formas descafeinadas y cambiantes –el Ministerio llegó a barajar 350 preguntas tipo test-  este examen nacional producirá sarpullidos sobre todo en comunidades como Cataluña, gobernada por Junts pel Sí, que ya presentó el centésimo recurso por invasión de competencias; el País Vasco (máxime si el PNV es apoyado por Bildu), y puede que hasta en Galicia, según el resultado de las elecciones del 25S.

En los contenidos, fijados por el Gobierno central, habrá preguntas sobre “aspectos básicos” de la historia de España, sobre todo de la parte común, que no han sido cursados en estos territorios. También se dejará libertad para que los alumnos puedan responder en cualquiera de las dos lenguas cooficiales y en estatal.

“Podemos decidir cosas como dónde se hace y los profesores que van a evaluar, es decir, ser meros ejecutores, pero lo importante lo deciden ellos. Me parece una tomadura de pelo”, ha lamentado con una oposición total la consejera vasca Cristina Uriarte.

RUMBO HOMOGENIZADOR

“No se ha corregido el rumbo de la Lomce, ni se ha perdido el espíritu recentralizador y homogenizador con que fue alumbrada”, interpretan desde CCOO. No obstante, este sindicato y la Federación de Asociaciones de Directores de Institutos (FEDADI) se muestran más preocupados porque la reválida, al ser improvisada y un auténtico galimatías, será un nuevo obstáculo en muchos casos para el acceso a la Universidad.

Ana García, del Sindicato de Estudiantes, abunda desde más a la izquierda: “Estas reválidas buscan simple y llanamente expulsar a miles de jóvenes de barrios humildes del sistema educativo y lanzarlos a un mercado laboral precarizado”.

Hasta 13 comunidades autónomas se opusieron el año pasado a las evaluaciones de primaria tal como fija la Lomce y 7 de ellas (Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) acabaron ante la Alta Inspección educativa con requerimientos por parte del Ministerio que aún no se han resuelto.

EN MANOS DEL DEVENIR POLÍTICO

El devenir político, tras nueve meses de un Gobierno en funciones, mandará una vez más sobre un sistema educativo víctima de siete leyes en 30 años. El PP ha negociado con las reválidas en los acuerdos con Ciudadanos y Coalición Canaria para intentar mantenerse en el Gobierno. Acordaron que si se quedan en el Ejecutivo y no hay terceras elecciones “suspenderán” el decreto que regula estas pruebas externas (publicado el 30 de julio) y negociarán exámenes diferentes “en un plazo de seis meses”.

Si es el PSOE el que llega a la Moncloa, su intención es derogar ipso facto la ley y, con ella, las reválidas. Pero si hay elecciones y Rajoy obtiene mayoría o no necesita pactos… Los afectados ya sabrán en enero de qué deben examinarse. Y en la guerra de las reválidas se librará una nueva batalla.