Los jueces de Badalona, la tercera ciudad en volumen de población de Cataluña, han puesto el grito en el cielo. Los recortes de personal que plantea la Consejería de Justicia de la Generalitat, como informó Crónica Global, afectan muy especialmente a los empleados de estas oficinas judiciales, pues supone reducir una quinta parte de los efectivos actuales. Bajo la premisa de que el número de causas judiciales ha disminuido y que la informática ahorra trabajo, la Generalitat afirma que es oportuno acometer “una reordenación”. Pero los magistrados destinados en Badalona han expresado su malestar al respecto y respaldan a los damnificados: en los próximos días convocarán una junta en la que elaborarán un informe sobre su postura y explicarán las medidas que piensan llevar a cabo.
Tal como informó este diario, la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia de la Generalitat, ha remitido a las plataformas sindicales una “Propuesta de modificación de las plantilla orgánicas del personal al servicio de la administración de Justicia de los órganos judiciales de Cataluña”. En la misma se contempla la reducción de 201 empleados de los juzgados de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de la Oficina de Informática de guardia de Barcelona, de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de las secciones civiles de la Audiencia provincial y de los juzgados de paz.
Consejería en manos de ERC
La jurisdicción más afectada por esos recortes es la de Instrucción, pues el departamento que dirige el republicano Carles Mundó quiere eliminar 90 de las 505 plazas existentes en la provincia de Barcelona. “Se propone hacer reducciones de plantilla en los juzgados de Badalona, Barcelona, Mataró, Sabadell y Terrassa. Concretamente, se impulsa una reducción del número de TPA (trabajadores dedicados a la tramitación procesal administrativa)”, indica el borrador enviado a los sindicatos. “Asimismo, se propone suprimir una plaza del cuerpo de auxilio judicial en cada juzgado de instrucción de Barcelona.
En el caso de Badalona, la supresión afecta a 12 de los 50 trabajadores, diez en Instrucción y dos en el Juzgado de Violencia Doméstica. Algo que los jueces rechazan, máxime si se tiene en cuenta que, cada año, el número de causas que tramitan los juzgados de instrucción aumenta, y ahora se sitúa aproximadamente en 6.000.
El Gobierno de Carles Puigdemont persigue "una reordenación que permita redimensionar los centros de trabajo con más cargas y dotar de personal a los juzgados de nueva creación", según se indica en su propuesta. Pero los sindicatos que forman parte de la Mesa de negociación --STAJ, CSIF, CC.OO y UGT-- creen que el objetivo es amortizar esas plazas, que afectan principalmente a personal interino. El próximo 12 de septiembre, representantes sindicales tienen prevista una entrevista con Mundó. En paralelo, han solicitado una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con la decana de los juzgados de Barcelona.