Las comunidades de propietarios caminan hacia la inoperancia

El 90% de los españoles no asiste a las reuniones periódicas de su comunidad de vecinos, la mitad de las cuales solo se reúnen una vez al año. El último estudio realizado por la Mutua de Propietarios muestra que el apego de los ciudadanos al resto de copropietarios es bajo. Entre las funciones de las comunidades figura gestionar las cuentas anuales y el mantenimiento del edificio. Pero cualquier otra decisión que afecte a todos los habitantes de una finca también pasa por votación.

Algunos de los temas que más controversia causan entre vecinos son la morosidad, el uso de las zonas comunes y las reformas. Con la proliferación de apartamentos destinados al alquiler turístico, éstos se han convertido en uno de los principales focos de disputa. El ruido, la sobreocupación, y la falta de limpieza y de cuidado de las instalaciones son las quejas más frecuentes frente al fenómeno de los alquileres temporales.

“Una de las mayores preocupaciones de las comunidades es tener a vecinos molestos; el 14,2% lo sitúa en el primer puesto de inquietudes”, asegura David Grau, director de Desarrollo Corporativo de la Mutua de Propietarios.  

Cambio de estatutos

Prohibir que en un edificio haya pisos turísticos requiere un cambio de los estatutos de una comunidad de propietarios. Hasta hace poco más de un año, la regulación exigía en Cataluña aprobar cada modificación de las normas por unanimidad. La nueva ley de propiedad horizontal, implantada en mayo de 2015, cambió las mayorías necesarias.

A partir de entonces, si una comunidad de propietarios quiere introducir novedades en sus estatutos, cuatro quintas partes de los votantes tienen que acceder a ello. “Era absurdo que antes se necesitara unanimidad para evitar el alquiler temporal, ya que si el propietario del piso que tiene en mente hacerlo votaba en contra, ya no se podía prohibir”, explica Amat.    

Los dueños ausentes

La polémica está, sobre todo, en los pisos ilegales. El ayuntamiento ha limitado varias veces la concesión de nuevas licencias para apartamentos turísticos. En 2014, el ejecutivo municipal liderado por Xavier Trias los blindó en algunos barrios (Gràcia, el Eixample y Ciutat Vella). En abril de 2016, Colau amplió la moratoria al resto de la ciudad. Ahora, al no poder obtener una nueva licencia y, por tanto, poner en marcha un piso turístico legal, las comunidades de propietarios pueden avanzarse a posibles alquileres temporales futuros. 

En los edificios que ya cuentan con pisos turísticos ilegales, el absentismo de los propietarios a las reuniones de sus comunidades es mayor, sobre todo, cuando no viven en el edificio, sino que simplemente usan sus inmuebles para obtener una renta. “En estos casos, los caseros se despreocupan totalmente de la comunidad y se identifican todavía menos con ella”, asegura Amat.

Son los edificios con más vecinos en los que es más evidente la situación. “Las reuniones de propietarios en comunidades grandes tienen un porcentaje de asistencia del 82%, muy por encima que en las fincas pequeñas”, afirma Grau.

Desapego histórico   

La situación no ha mejorado en los últimos años. Amat recuerda que “la cultura de compartir nunca ha existido; no hay conciencia de que el edificio es de los vecinos”. Pero, ¿por qué no van los españoles a las reuniones de la comunidad? Por falta de interés. Ésta es la razón a la que más apuntan los vecinos. Los horarios, la confianza en las decisiones de los responsables y los conflictos con los demás habitantes son otros de los más habituales.

Es por esto que, al final, “solo se involucran los que tienen ambición de poder y a los que les gusta gestionar”, explica Amat, quien se ha dedicado toda la vida a la gestión patrimonial.