Manipulación de concursos para la explotación de amarres y contraprestaciones en forma de dinero e inmuebles. Estos son los principales hechos por los que el expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán y otros 12 imputados se encuentran a las puertas del banquillo tras seis años de investigaciones en una causa conocida en Baleares como caso Mar Blau.
Es uno de los procesos judiciales que pesan sobre el empresario madrileño, quien fuese copropietario del Grupo Marsans por cuyo vaciamiento patrimonial fue condenado y cumple condena en Soto del Real (Madrid). Ahora, la Fiscalía Anticorrupción deberá concretar qué penas solicita por haber manipulado los procedimientos para la gestión de amarres en Mahón e Ibiza y de las dádivas que, a cambio de resultar beneficiario de los mismos, habría hecho entrega.
Los tratos de favor
Junto a Díaz Ferrán también se encuentran encausados varios empresarios vinculados con una de sus mercantiles, Trapsa Yates, que fue la que en última instancia resultó beneficiada con tratos de favor en los concursos. También ex altos cargos de las islas que intervinieron en el presunto amaño.
En un contundente auto, el juez instructor de la causa apunta al que fuera líder del PP balear entre 1984 y 1986, Juan Verger --ya fallecido-- como la persona que, como presidenta de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ofreció en secreto a los responsables del Club Marítimo de Mahón la posibilidad de hacerse con la explotación de los amarres cuando ni siquiera esta empresa había quedado en segundo lugar. A cambio, Trapsa, también licitante, recibiría dinero, amarres y la adjudicación del concurso del puerto de Ibiza.
Tres amarres por 4,5 millones
De hecho, según el relato de hechos del magistrado, Teinver, una de las filiales de Trapsa, acabó percibiendo 13.523 euros en metálico y tres amarres de 27 metros de eslora valorados en 4,5 millones.
Verger fue posteriormente sustituido en el cargo por el socialista Francesc Triay, también encausado, quien participó de forma activa en el proceso de adjudicación pese a las "graves irregularidades" cometidas, según expone el juez en su resolución.
Papel de Dragados
En el marco del proceso para la adjudicación de los amarres, dos ex altos cargos de la Autoridad Portuaria, entre ellos su ex director, Angel de Matías, adquirieron "de forma no aclarada" dos viviendas en la zona de Es Portixol, a las afueras de Palma, cuya construcción corrió a cargo de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez que, además, está siendo investigada por la concesión de las obras del hospital de referencia de Baleares.
El auto destaca cómo el que fuese gerente de Dragados, Jesús Rodríguez, quien se encuentra declarado en rebeldía, regaló a ambos, a finales de 1998 y en atención a su condición de funcionarios relacionados con su actividad empresarial, dos cocinas para las dos viviendas, las más caras del establecimiento donde fueron adquiridas --una de ellas valorada entonces en 1,9 millones de pesetas--. Todo ello, subraya el juez, a cambio de "ignorados favores".