Estupefacción y perplejidad en los abogados personados en la investigación de la llamado caso Macedonia --una compleja trama de narcotráfico en la que aparecen implicados, además de delincuente comunes, policías, guardias civiles y Mossos d'Esquadra-- ante un resolución que acaba de firmar el juez instructor, Joaquín Aguirre, en la que indica a un investigado que sea él quien oiga las grabaciones telefónicas de la policía, que las transcriba y se las envíe al juzgado para el consiguiente cotejo o valoración.

El investigado es el sargento de los Mossos, Josep Ranea, que ha denunciado al grupo de asuntos internos por omitirle al juez 36 conversaciones telefónicas en las que él aparece y que, según su criterio jurídico, le exculpan de los cargos que le imputa el magistrado desde hace 7 años. El juez tardó 14 meses en inadmitir esa denuncia que ahora va a resolver la Audiencia Provincial de Barcelona.

Perplejidad jurídica

El abogado de Ranea, el profesor de Derecho Penal José María Fuster-Fabra tuvo que frotarse los ojos más de una vez mientras leía esta providencia dictada por Aguirre el pasado día 13 de junio. "Deberá de proceder a la transcripción de las mismas, haciendo constar a qué número de intervención de teléfono se refrieren las ID referenciadas”, dice el juez.

Fuster-Fabra ha recurrido esa resolución y en el recurso habla de “sorpresa”. Sorpresa porque hace tres años, en concreto el 23 de agosto del 2013 --tal y como obra en el folio 21515 de la causa-- “se acordó por el juzgado ordenar a la DAI  (División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra), las grabación de todas las conversaciones solicitadas”.

Aguirre lo anunció pero, por motivos que se ignoran, no lo hizo.

Juez y parte

El investigado, en aplicación de su legítimo derecho a una defensa justa ha reiterado, casi rogado, esa diligencia cuya autorización y ejecución parecen de manual. Ahora Aguirre, le vuelve a decir que sí, pero que se lo haga él.

Fuster-Fabra recuerda al juez que, como es normal y preceptivo, “en el presente procedimiento se han llevado a cabo multitud de transcripciones por parte de la administración de justicia (o la policía)”. Y ésta debe de ser una más.

¿En el caso de que el investigado pudiera trascribir esas conversaciones, (el abogado indica que no dispone de medios técnicos a tal efecto) qué garantía o validez tendrían ante un eventual juicio si han sido realizadas por una de las partes en litigio?

¿Por qué el juez, dilata o dificulta la ejecución de unas diligencias que él aceptó pero que al mismo tiempo ha mantenido años en la recámara?

La Audiencia Provincial le ha pedido a Aguirre que dé por concluida de una vez la causa y que las diligencias que ha venido ordenando (que califica de injustificadas e inocuas) están eternizando este procedimiento y no aportan nada al desarrollo de la investigación.

Un secreto a voces

Aguirre se escuda en el hecho de que tiene una pieza secreta --desde hace más de dos años--. Sin embargo, la petición formulada por el investigado Ranea para que se escuchen todas las conversaciones de las que ha sido objeto y que aclararán su inocencia, son de hace más de tres años y su no ejecución nada tiene que ver con el secreto de sumario de esa pieza enigmática con la que sigue maniobrando el juez.