España es país de destino y tránsito para los hombres, mujeres y niños sometidos a trabajo forzoso y esclavitud sexual. Las mujeres de Europa del Este (Rumania, en particular Bulgaria, Ucrania, y Rusia), América del Sur (en particular Paraguay, Brasil, Colombia y Ecuador), China y Nigeria son objeto de tráfico sexual en España.

Hombres y mujeres de China, India y Pakistán son sometidos a trabajos forzados en el servicio doméstico, textil, agrícola, construcción, sectores industriales y de servicios, según el informe sobre la Trata de Personas 2016 que clasifica a 188 países (consultar la situación en España, página 347) sobre su efectividad en el combate contra este fenómeno.

España, bien considerada

El informe clasifica a cada país en cuatro niveles en la medida en que cumplen con las “normas mínimas para la eliminación de la trata”, como se describe en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas. España está en el primer nivel, dado que según los autores “el Gobierno de España cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”.

Pese a esta valoración positiva, recomiendan a las autoridades incrementar las acciones judiciales y condenas de los delitos de tráfico, particularmente para el trabajo forzoso.

Las falsas promesas de empleo

Las víctimas son reclutadas por falsas promesas de empleo en la industria de servicios o la agricultura y forzadas a la prostitución y la servidumbre por deudas contraídas a su llegada a España. Un gran porcentaje de las personas que ejercen la prostitución en España se cree que son víctimas del tráfico de personas.

El número y la proporción de procesamientos por trabajo forzado fue mayor en 2015 que en años anteriores (15 de 45 acusados procesados en 2015 lo fueron por el tráfico de mano de obra, en comparación con los seis demandados en 2013 y 2014). El informe valora que el Gobierno español haya actualizado su plan nacional de acción contra la trata y el aumento campañas de concienciación pública dirigidas a su prevención.

Se le recomienda, no obstante, establecer servicios especializados para los hombres víctimas de trata de mano de obra; aumentar la capacitación en identificación de las víctimas, en particular entre las mujeres obligadas a la prostitución, los migrantes irregulares, los menores no acompañados, y los trabajadores de las industrias agrícolas y regiones con alto incidencias de la explotación laboral.

Sancionar a funcionarios cómplices

Los autores se muestran tajantes a la hora de aconsejar a las autoridades españolas que juzguen y sancionen a los funcionarios públicos cómplices de trata de personas. El Gobierno actualizó el Código Penal para incluir la trata como delito punible. El impacto de este cambio fue evidente en la detención en 2015 de 48 miembros de una red de tráfico que secuestró y compró mujeres jóvenes y las obligó a cometer delitos.

A diciembre de 2015, la Oficina del Fiscal estaba investigando 344 casos de explotación sexual o laboral, un aumento de 293 casos sobre diciembre de 2014. El Gobierno inició procesamientos de 30 acusados por tráfico sexual y 15 por explotación de mano obra en 2015, en comparación con 98 y seis, respectivamente, en 2014.

Los tribunales condenaron a 58 traficantes en 2015, lo que representa un ligero descenso sobre los 62 de 2014. 56 lo fueron por tráfico sexual y dos por mano de obra. La justicia sentenció al líder de una red de tráfico sexual a 44 años de prisión y a otros 13 miembros a penas de uno a 31 años de prisión. Dos individuos fueron condenados por el tráfico sexual con un niño a 11 años de prisión. En un caso separado, un traficante fue condenado a otros 11 años de prisión para el tráfico sexual de una mujer.