Durísimo alegato contra el juez instructor del caso Nóos. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha iniciado su informe final en el juicio arremetiendo duramente contra el juez José Castro --que investigó la causa durante más de cinco años-- y el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la infanta Cristina, y ha atribuido al magistrado un "andamiaje sobre conjeturas y sospechas de gran calado y aplauso mediático" para sentar en el banquillo a la exduquesa de Palma.
"Fraude de ley"
Durante su intervervención, Horrach ha arremetido contra el juez que investigó el caso, a quien atribuye una “persecución” contra la hermana del Rey. Le acusa de primar “la apariencia de la justicia por encima de la justicia” en base a los “malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos” y “fraude de ley” de la acusación de Manos Limpias. En su demoledora intervención, el fiscal advierte del peligro de “convertir el Estado de derecho en un reino de taifas procesal”.
Horrach afirma que ni la Infanta Cristina ni su exsecretario personal Carlos García Revenga ni el asesor del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, realizaron actividad alguna en la entidad pese a los cargos que ostentaban en la junta directiva de la misma. "Ni estaban, ni se les espera", ha dicho.
El representante del Ministerio Público ha afeado al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que cargara contra todos ellos, "sin aportar ni una sola prueba que acredite la participación" de los tres exintegrantes de Nóos.
Por contra, Horrach subraya que el marido de la Infanta, Iñaki Urdangarín, continuó participando "activamente" en los proyectos en curso impulsados por el Instituto Nóos y "en el diseño de nuevos eventos y servicios" tras su teórica desvinculación de estas actividades, en marzo de 2006, por orden de la Casa Real. De hecho, ha aseverado que también intervino en la puesta en marcha de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) que, según Horrach, "perseguía continuar con los proyectos iniciados por el Instituto Nóos".
El fiscal se ha basado en el dictamen de la Agencia Tributaria, según el cual Urdangarín y Torres continuaron repartiéndose beneficios dos años después de la aparente salida del exduque quien, entre 2006 y 2008, se hizo con unos beneficios de 1,9 millones de euros.