A los pocos días del inicio de la legislatura municipal, el Ayuntamiento de Barcelona ya detectó que la empresa pública Barcelona Regional, en cuyo presupuesto el consistorio colabora de forma mayoritaria, había contratado a dos asesores en extrañas circunstancias. Y lo puso en conocimiento de la fiscalía.
Poco después, la propia empresa decidió encargar una auditoria cuyo contenido coincide con las sospechas iniciales del actual equipo de gobierno: el expresidente de Barcelona Regional y exconcejal de CDC, Antoni Vives, contrató a dos amigos de forma irregular provocando un perjuicio al ayuntamiento de más de 200.000 euros.
La fiscalía se pone en marcha
Pero llueve sobre mojado. La auditoría ya ha llegado a manos de la Fiscalía Anticorrupción, y su delegado en Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, no ha perdido el tiempo.
De hecho, a principios de este año interrogó a los dos asesores: el excantante de Los Sírex Antoni Miguel Cerveró Leslie y Jesús Arévalo, exconcejal de CiU en Cervelló.
Respuestas evasivas
Sánchez Ulled les preguntó sobre el origen del contrato y sobre su cometido. Ambos declararon que fueron fichados por Vives en calidad de asesores. Adujeron que reportaban directamente al exconcejal y que lo hacían en el Ayuntamiento de Barcelona. Ambos no pudieron concretar qué tipo de asesoría o trabajo concreto realizaron ni para Vives ni para Barcelona Regional.
¿Qué es un asesor?
Ante estas respuestas, el fiscal pidió al ayuntamiento un informe jurídico sobre la figura del asesor. Ese informe, remitido al ministerio fiscal, concluye que desde 2012 las empresas públicas no pueden contratar asesores.
El informe añade que la administración sólo puede contratar cargos de confianza a través de un decreto y no mediante un contrato eventual. Además, en la lista de cargos de confianza que han trabajado para el ayuntamiento no aparecen los nombres de los dos militantes de CDC amigos del controvertido Vives, un exconcejal también en el punto de mira de la justicia por el caso de la Marina Port Vell.
Contratos sospechosos
Anticorrupción continúa con la investigación preprocesal de este oscuro caso y estudia, además, los contratos millonarios que Barcelona Regional firmó en Brasil de la mano de Vives sin que el consejo de administración de esta empresa --dedicada al planeamiento estratégico y urbanístico de Barcelona-- hubiera tenido conocimiento.