El llamado caso Mercurio, una macro causa penal sobre presuntas corruptelas alrededor del Ayuntamiento de Sabadell, no deja de sorprender con nuevas revelaciones.
Tal y como ha confirmado Crónica Global, una de las más de 30 piezas de investigación en las que la juez segregó la causa penal hace ya mas de tres años, hace referencia a la Asociación Catalana de Solidaridad y Ayuda a los Refugiados (ACSAR), dependiente de la Diputación de Barcelona. Y se refiere a ella cuando la diputación estaba gobernada por el PSC y cuando ACSAR era presidida por Pere Navarro, alcalde entonces de Terrassa, y que posteriormente sería primer secretario del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Sospechosas subvenciones de la Diputación
La fiscalía anticorrupción puso a las Unidades de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra a trabajar en torno a las “sospechosas aportaciones dinerarias en materia de subvención”, que inyectaba la Diputación de Barcelona a esta asociación.
Según los cálculos policiales, durante el último mandato socialista al frente este ente municipal, ACSAR recibió más de 800.000 euros, una cifra que nada tiene que ver con la cantidad que, tras la llegada de CiU a la diputación, acabó recibiendo: escasos 25.000 euros.
Instrumento de colocación
A través de los datos que aportaron las numerosas intervenciones telefónicas, así como las declaraciones de algunos imputados, la fiscalía anticorrupción abrigó la sospecha a de que ACSAR podría ser una herramienta de financiación del PSC.
Las averiguaciones que han concluido los Mosos dibujan a esta asociación --al menos en el periodo 2005-2012-- como una entidad instrumental al servicio del partido socialista a los efectos de colocar a simpatizantes o excargos electos para que pudieran percibir un sueldo de forma transitoria mientras se les buscaba mejor acomodo.
Rendir cuentas
En una nota oficial que difundida en 2008, la diputación informó sobre la aportación de subvenciones a ACSAR por valor de más de 200.000 euros entre 2006 y 2008. Esa cantidad se repartió en la financiación de 69 actividades en 21 municipios de Barcelona que llevó a cabo, al menos sobre el papel, ACSAR.
La investigación policial cuestiona los “proyectos” que en aquella época habría elaborado la asociación. Por el contrario, constatan el sospechoso trasiego de contratos con personas vinculadas a la esfera socialista, cuya actividad laboral fue, como mínimo, cuestionable para los ingresos que recibían.
La juez estudia la estrategia a seguir a partir de este momento. Fuentes próximas al caso, auguran que la cúpula de la asociación tendrá que comparecer en sede judicial para dar explicaciones.