El subinspector de los Mossos d'Esquadra Josep Ranea ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto dictado el día 2 por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por el que inadmitía una denuncia contra la división de asuntos internos de los Mossos d'Esquadra por prevaricación.

El juez tardó 14 meses en dictar este auto de rechazo de tan solo tres folios.

Ranea está imputado desde hace seis años por revelación de secreto y cohecho. Lo está, fundamentalmente, por unas conversaciones telefónicas, interceptadas por asuntos internos de los Mossos (DAI), en las que el subinspector aparece hablando con diversas personas presuntamente relacionadas con una supuesta red de narcotraficantes.

Solo pide un trato justo

Desde hace cuatro años, Ranea reclama que tanto el juez como el fiscal analicen todas las grabaciones de las que fue objeto, no solo aquellas que "de forma segada, aportaron a la causa los investigadores de las DAI", sino más de 30 intervenciones que han quedado fuera del análisis jurídico y técnico de la causa y que desvirtúan las acusaciones formuladas en la fichas de imputación policial por los Mossos y en los autos del juez. Aguirre se apoyó en el exefe de la DAI, Jordi Moya, para impulsar la parte inicial de la operación Macedonia. Moya es el principal acusado en la denuncia que Aguirre no ha admitido en primera instancia.

"La DAI no ha calificado de relevantes conversaciones esenciales para la averiguación de los hechos. Se observa una clara ocultación de estas para que los hechos pudieran revestir el carácter inicial de delito. Han sido ocultadas maliciosamente", versa la denuncia.

Cabeza de turco

Uno de los extremos sugeridos hace seis años por la DAI y que aceptó el juez fue que el subinspector Josep Ranea había sido "sobornado" por un supuesto camello que le regaló una play station.

En el recurso presentado por el subinspector se recogen diversas conversaciones intervenidas por la DAI y omitidas por el juez en las que queda palmariamente acreditado que en ningún caso Ranea pidió ese regalo a cambio de nada sino que cuando se refirió a la mencionada play lo hizo evidenciando que se trataba de una máquina de su propiedad, estropeada y que precisaba ser reparada.

Los jefes de Ranea le apoyan

El abogado de Josep Ranea, el profesor de Derecho Penal Josep Maria Fuster-Fabra, aporta hasta diez conversaciones que desvirtúan ese pretendido soborno.

Fuster Fabra aporta además, conversaciones del subinspector en las que informa a sus superiores (la inspectora Gubianes y comisaria Manresa) de todas las averiguaciones, avances y contactos que llevaba a cabo para el esclarecimiento de diversos delitos que estaban en fase de investigaciones en la demarcación de Barcelona y del Baix Llobregat y que justifican sus contactos con personas de dudosa moralidad.

Ranea no actúa por libre, de forma ilícita y sin rendir cuentas, sino que, todo lo contrario, lo hace con el consentimiento y aprobación de sus superiores como e propio del funcionamiento de un cuerpo policial, tal y como se desprende de estas conversaciones que, de momento, nadie quiere oír.

Lo hace, por lo tanto, siguiendo los cauces legalmente establecidos e informando a sus superiores como era preceptivo. Sus superiores en ningún caso detectaron que la actuación del subinspector se situase fuera de la ley. Al contrario, tanto es así que jamás le expedientaron o apercibieron en este sentido.

Cuatro años reclamando justicia

Esas conversaciones tampoco aparecen en la causa. Ni las propuso la DAI, ni el juez quiso saber nada de ellas cuando hace ya 4 años, el imputado, en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, pidió y (rogó, a tenor de sus insistencia) que esas transcripciones se dieran por incorporadas a las diligencias para su análisis jurídico.

Moya, en el punto de mira

La querella se dirige contra todos los que participaron en el proceso de intervención y transcripción de las conversaciones y, en primer lugar, contra quien entonces era el jefe de la división de Asuntos Internos, el inspector Jordi Moya.

Se da la circunstancia de que, tal y como ha podido saber este medio, una de la obcecaciones de Moya cuando el caso Macedonia explotó por los aires con la detención del supuesto colaborador policial Manuel Gutiérrez Carbajo, fue su empecinamiento para que Carbajo imputara algún tipo de ilicitud penal al entonces comisario Josep Lluís Trapero, hoy jefe máximo del cuerpo. Carbajo, en los calabozos de la policía, se negó a declarar contra Trapero (a pesar de la insistencia de Moya) porque, según le dijo y reiteró el detenido al jefe de las DAI, no tenía nada peyorativo que decir de él.

Moya fue apartado del cargo y ha tratado de hacer llegar sus disculpas a diversos estamentos del cuerpo, sin éxito.

Van a por Trapero 

Llama la atención que la figura de Trapero ha aparecido recurrentemente en algunos de los interrogatorios protagonizados también por el juez.

Tras seis años de instrucción, el jefe de la policía autonómica no ha sido citado a declarar ni tan siquiera como testigo. Ranea ha sido reincorporado a su labor policial y Moya ha sido apartado de la DAI.

La Audiencia tendrá, pues, que resolver el recurso del subinspector Josep Ranea, que solo pide que aquellos que han de juzgar su conducta tengan todos los ingredientes sobre la mesa para un diagnóstico justo.