“Los importes de las ayudas correspondientes que se han dejado de pagar, desde el año 2005 hasta el día de la fecha (…) se los ha apropiado la Junta de Andalucía de forma irregular. En el fondo de los hechos relatados en esta querella podría existir un nuevo fraude en materia de ayudas de la Unión Europea”.

Así se expresa la propietaria de una finca agrícola en Almería que ha denunciando al Servicio de Ayuda de la Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultora de la Junta de Andalucía por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y otro de estafa procesal.

Ayudas a la reforestación

La denunciante, Pilar G.M., solicitó y obtuvo en 1997 ayudas de la Unión Europea (gestionadas y tramitadas por la Junta de Andalucía), para la reforestación de una superficie de 60 hectáreas en una finca rústica de la localidad de Oria (Almería). Se trata de ayudas de compensación por la pérdida de renta: un terreno agrícola puede ser explotado, pero una terreno forestal no genera renta para su propietario.

Transcurridos algo más de cinco años, esa propietaria transfirió la finca. No lo pudo hacer antes dado que a ley impide la enajenación de unos terrenos hasta que no han trascurrido cinco años desde el momento en que se inicia la percepción de estas subvenciones compensatorias. En 2005 renunció expresamente a las subvenciones.

¿Dónde está el dinero?

Sin embargo, esta propietaria ha podido saber que ella, y otras personas del sector agrícola andaluz que habían recibido las ayudas, siguen siendo utilizadas por la junta para solicitar subvenciones para la reforestación. Un dinero que no llega a unos propietarios (que no lo han solicitado), cuyo destino Europa parece no controlar, que sí ha llegado a manos de la Junta y que parece que ésta no ha devuelto a Bruselas.

Esta sospecha aparece recogida en la querella, (admitida y en plena tramitación) en la que la denunciante acusa a la Junta de Andalucía de infidelidad en la custodia de documentos y estafa procesal. Esta propietaria asegura que faltan más de 600 folios de su expediente administrativo sobre las subvenciones recibidas en materia de comisiones.

La denunciante cree que la junta trata de esconder, falsificando documentos o haciéndolos desaparecer, una trama para cobrar unas ayudas europeas que más tarde no se canalizan a los supuestos receptores.