El decreto para la protección de la infancia y la adolescencia, que entró en vigor en marzo, lo estableció a grosso modo: todos las personas "cuyas profesiones, oficios y actividades implican contacto habitual con menores" deben acreditar que no figuran entre los 40.661 delincuentes sexuales registrados en el Ministerio de Justicia. Pero, de momento, no llegan a 300.000 los certificados emitidos, cuando los afectados pueden sobrepasar los dos millones.

El objetivo general de "tolerancia cero" con la pederastia, salvo para los pedófilos claro, ha levantado una ola de protestas y críticas por su carga burocrática y la generalización o falta de precisión de los profesionales. Así, afectaría a los 670.000 profesores no universitarios y a buena parte de los 941.000 sanitarios que trabajan en el sector público y en el privado. A ellos habría que añadir otro medio millón entre catequistas, sacerdotes y religiosos, y monitores variados empleados en piscinas, gimnasios, campamentos, clubes deportivos, oenegés y hasta hoteles.

Rebelión sanitaria

La Organización Médica Colegial (OMC), que representa a los 212.677 médicos en ejercicio, ha sido la primera en rebelarse contra la medida. "Arriesga la reputación de los médicos de forma inútil", aseguran. Y lo razonan: los que tienen antecedentes lo son por haber sido condenados y ya están fuera de la práctica profesional, por la sentencia penal y por la medidas disciplinarias colegiales. Para los que no han sido condenados y no tienen antecedentes, la medida no tiene efecto y tampoco puede evitar que puedan serlo.

El Consejo General de Colegios de Enfermería, que acoge a 273.000 de estos sanitarios, considera que solo debe exigirse en casos muy específicos, a aquellos profesionales que vayan a estar trabajando de forma continuada, prolongada en el tiempo y exclusiva con menores. "No tiene sentido exigirlos de forma generalizada. Supondría una judicializacion de la asistencia sanitaria", advierte un portavoz.

Algunos colegios también consideran, como los médicos, que se daña su imagen al presentarlos como potenciales agresores sexuales de los menores.

Profesores molestos

El profesorado no universitario es el colectivo que más se ha provisto de este documento obligatorio, sobre todo los profesionales interinos, a quienes todas la comunidades autónomas ya han dado instrucciones para que se les exija para acceder a un puesto de trabajo o renovarlo.

El sindicato CCOO se muestra totalmente de acuerdo con el fondo de la cuestión, evitar que haya personal con antecedentes por delitos sexuales en contacto con menores, pero rechaza que se pida un certificado que incluya otra información sensible. También considera que vulnera la presunción de inocencia porque se pide indiscriminadamente a todos los docentes.

A los docentes más veteranos les recuerda la exigencia franquista, en vigor hasta entrada la democracia, a todos los que ejercieran la docencia de presentar el certificado negativo de penales. Un requisito que se hacía extensible a todos los profesionales de la administración pública o similares. Argumentan que, por los mismos motivos, se podrían pedir certificados para acreditar que una persona no es, por ejemplo, evasor fiscal.

Discrepancia autonómica

La medida también ha contado con la oposición de algunas comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, donde se registraron grandes colas ante las oficinas de Justicia tras publicarse la orden.

Los contrarios han reinterpretado el decreto y solo exigen una declaración jurada o promesa a los funcionarios de carrera que ya ejercen. En el caso de los trabajadores de nuevo acceso (interinos, nuevos funcionarios, comisión de servicios) sí que es obligatorio presentar el certificado de antecedentes penales.

Mayor clarificación

Otros colectivos y oenegés, como la Plataforma de la Infancia, apoyan sin matices el fichero de pederastas, si bien reclaman al Ejecutivo una recomendación o un protocolo que clarifique en qué profesionales es absolutamente necesario y en cuales es solo recomendable.

Pero lo último tiene sus riesgos, para impedir que los menores convivan con pederastas. Hasta ahora, cuando un pederasta sale de la cárcel tras cumplir su condena por agredir sexualmente a un menor podía seguir trabajando con niños, como monitor de un campamento, profesor en un colegio o entrenado equipos deportivos.

Fichero con retraso

El nuevo Ejecutivo que surja de las urnas el 26J tiene una tarea en este campo, al que ya se llega, como en tantas cosas, tarde. Por lo menos cinco años. Desde que en 2010 suscribió el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, España tenía que haber creado un registro de pederastas para evitar que los niños estén expuestos a situaciones de riesgo.

Otros países que lo firmaron, como Francia, Reino Unido, Estado Unidos o Canadá, ya cuentan desde hace tiempo con el registro. Toda la información sobre las personas inscritas en él, perfil genético incluido, no es pública. Solo la justicia y la policía la pueden utilizar.