Miquel Roca, jefe del equipo de abogados de la infanta Cristina, ha negado que hubiera intentado un amaño para que la hermana del rey Felipe VI se salvara de la causa abierta por el caso Nóos. Roca ha señalado que no pidió una entrevista clandestina con el juez que instruyó el procedimiento durante cinco años, José Castro, en los días previos a la citación como imputada de la exduquesa de Palma.

En un comunicado, el letrado ha indicado que "nunca, ni directa ni indirectamente, he propuesto ninguna entrevista secreta y confidencial al juez Castro". Según Roca, "no hubo petición de entrevista ni tenia ningún sentido procesal".

"A disposición del juez"

La nota del jurista se ha emitido horas después de que Crónica Global revelara que el juez Castro ha informado de la propuesta de encuentro por parte de Roca en una finca situada en un lugar discreto.

En una carta enviada a Santiago Pedraz, juez que investiga el entramado de Manos Limpias y Ausbanc, Castro explica que en diciembre de 2013 recibió la visita de Jaime Riutort, letrado que colaboraba en la defensa de la Infanta. Riutort le habría manifestado el deseo de Roca de mantener una entrevista con él en una finca, lejos de los periodistas.

El abogado barcelonés responde que simplemente se puso a disposición del magistrado "en cumplimiento de una costumbre forense de buena practica judicial", como le corresponde para "cualquier diligencia judicial".

"Sorprendente e inexplicable"

Con lo que respecta a la misiva remitida por Castro a Pedraz, Roca alega que le resulta "sorprendente e inexplicable la aparición ahora de informaciones en las que se hace referencia a una situación que nunca se produjo". Castro explica en su carta que se decidió a poner esa información en manos de la Audiencia Nacional cuando se enteró por los medios de las acusaciones que pesaban sobre Manos Limpias sobre los pleitos judiciales.

Cabe recordar que la infanta Cristina se enfrenta a la acusación de cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. La acusada habría cometido ambos tipos penales mediante la sociedad mercantil Aizoon, que controla al 50%.

Urdangarin lidia con acusaciones de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, blanqueo, estafa y falsedad documental, penados con hasta 19 años de cárcel.