El delegado de la fiscalía especial anticorrupción en Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, pide un total de 108 años de cárcel contra un detective privado de Vic a quien acusa de obtener ilícitamente y por encargo información médica reservada.

“El acusado, Jordi A. A., detective privado con despacho en la localidad de VIC, ofrecía de forma habitual a sus clientes la posibilidad de conocer información médica y socio-sanitaria obrante en los historiales médicos de personas físicas determinadas sometidas a tratamiento en el sistema público de salud solicitando, a cambio, un precio que oscilaba entre los 200 y los 400 euros por encargo", dice el texto del ministerio público.

El objetivo del tráfico de esta información no eran los posibles usuarios finales de esos informes, sino personas que podían traficar con ellos. "Los clientes que se han podido identificar han resultado ser otros detectives que se lo demandaban con pleno conocimiento de que la información personal iba a ser obtenida ilegalmente y con la presumible finalidad de utilizarla, después, dice el fiscal, en el marco de los encargos recibidos por sus propios clientes particulares”.

Un embaucador, según el fiscal

Estos son los párrafos iniciales del texto de la acusación que firma el fiscal y que ha conducido a juicio esta semana a ese investigador y a otros tres colegas con despachos en Barcelona y Mataró.

“Jordi A. A. conseguía la información recurriendo al ardid de efectuar llamadas telefónicas a los centros de salud simulando ser médico o funcionario de algún servicio público. De ese modo, se ganaba la confianza con su interlocutor quien, ignorante de la verdadera personalidad del solicitante y ajeno a sus designios criminales, proporcionaba de palabra o por correo electrónico la referida información”.

23 supuestos ataques  a la intimidad

Entre otros, Jordi A. A., trabajó para los detectives José C. S., Francisco Javier V. R. y Rubén C. R.

En un extenso escrito de calificación, el fiscal detalla hasta 23 supuestos casos correspondientes a 23 pacientes cuyo historial médico privado fue torticeramente obtenido y vendido al mejor postor. Sánchez Ullet pide para Jordi A. A., 108 años de cárcel por esos 23 delitos contra la intimidad. Para José C. S., 16 años de cárcel. Para Francisco Javier V. R. 40 años de reclusión y para Rubén C. R., cuatro años.

Los abogados del principal imputado, Jordi A. A., han presentado un escrito de defensa en el que pide la libre absolución de su cliente, al entender que no ha cometido delito alguno toda vez que la recopilación de datos que efectuó tenía por objeto confirmar bajas laborales sospechosas, al menos desde el punto de vista de las compañías se seguros.