El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, aseguró en pleno debate sobre la viabilidad económica del plan para hacer frente al virus de la hepatitis C en España que no computaría como déficit para las comunidades autónomas a efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cristóbal Montoro, su ministro, le corrigió de inmediato al hacer balance con el argumento de que eran “exigencias” económicas de Bruselas y abrió la caja de Pandora.

El cambio de concepto ha indignado a los pacientes y a las autonomías. ”Un enfermo nunca puede generar déficit”, le replica la presidenta de la Plafhce, Elena Tobeña en una concentración a las puertas del Ministerio de Hacienda.

Guerra de reproches

Los consejeros de sanidad, desiguales a la hora de destinar fondos, han hecho frente común acusando al Gobierno de incumplir su palabra y piden que sea el ejecutivo central quien se haga cargo de la factura.

En la guerra de reproches, el departamento de Montoro destaca que las comunidades están utilizando el gasto en hepatitis C como coartada para tapar el desmadrado gasto de medicamentos de uso hospitalario, que Bruselas quiere cortar por lo sano. Esgrime este dato: durante 2015 el coste de los fármacos hospitalarios han crecido un 11,6%, sin contar los 520 millones destinados a la hepatitis. En total 6.589,1 millones de euros.

Deberes para el nuevo Ejecutivo

Una cuestión en el aire, que deberá afrontar el nuevo ejecutivo, es si la financiación de este tipo de tratamientos debe correr con los gastos el Estado, como sostienen las comunidades. O debe ser un esfuerzo de ellas, ya que no deja de ser una competencia autonómica incontestable, sobre todo en el caso de Cataluña, dentro de un modelo de sanidad descentralizada.

El departamento de Montoro, siempre a todas cuando de dinero se trata, advierte de que ellas serán las beneficiarias de los ahorros que generen las nuevas terapias.