Elecciones con hepatitis C

El gobierno de Mariano Rajoy puede sacar pecho en el frente contra el virus de la hepatitis C, iniciado hace un año, aunque ya con el 20D en el horizonte. El plan nacional contra el virus ha tratado y salvado de una cirrosis y un cáncer de hígado mortales a 46.000 españoles.

Pero este éxito sin paliativos ha desatado una inédita cascada de causas penales contra los responsables de la sanidad estatal y autonómica por parte de los otros 50.000 pacientes que presionan con protestas y encierros para recibir esta terapia de alto coste. Un importe que ha sacado de las arcas públicas 1.200 millones de euros, con gran disgusto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Querellas en aumento

El nuevo Ejecutivo, si llega a haberlo tras el 26J, heredará un serio conflicto legal y económico. La fiscalía de Galicia ha atribuido dos delitos de homicidio por “imprudencia grave profesional” a dos altos cargos de la Xunta por retrasar y restringir el acceso a seis pacientes que fallecieron sin recibir los tratamientos. Tiene otros cuatro en cartera.

En la Comunidad Valenciana se ha presentado otra denuncia y la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc), está dispuesta a inundar con querellas a las administraciones si a partir de octubre, como teme, se frena el presupuesto y se niega el acceso generalizado a estas terapias.

También está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la responsabilidad de la exministra de Sanidad, Ana Mato, después de que el Tribunal Supremo archivase la querella presentada por la Plafhc en febrero del 2015 por haber “dejado morir” a unos 4.000 pacientes con el virus al no suministrarle los medicamentos necesarios.

Antivirales a la baja

Los expertos y economistas aseguran que el gasto en esta penicilina de la hepatitis, como ha sido bautizada, supondrá un notable ahorro a medio y largo plazo, de cinco a diez años. ¿Por qué? Sin tratamiento, estos pacientes evolucionarían a cirrosis y cáncer, con costes más elevados, además de la segura muerte. Se calcula que el coste de un trasplante puede ascender a 150.000 euros.

Los nuevos antivirales, advierten los médicos, han reducido su precio “en parte por la polémica” en más de la mitad desde los 50.000 euros por tratamiento, cuando aparecieron hace dos años. O por el “ruido mediático”, según los responsables de política farmacéutica del ministerio.

Descuadre presupuestario

Calculan, en voz baja, que la rebaja del precio de salida ha producido un ahorro de 700 millones al Estado y que podría descender a unos 10.000 euros por tratamiento si aumenta el volumen de ventas.