Han transcurrido 11 años de manifestaciones, denuncias cruzadas y múltiples recursos desde el día en que sucedieron los hechos. El 13 de agosto de 2005 varios miembros de grupos ecologistas y partidos nacionalistas asaltaron la piscina de la vivienda que el periodista Pedro J. Ramírez posee en la Costa de los Pinos, en Mallorca, para reivindicar el uso general de la instalación por ubicarse en zona pública marítimo-terrestre.
La protesta derivó en incidentes con lesiones y coacciones cuando los dos vigilantes de seguridad y el escolta personal del actual director de El Español trataron de impedir que los ocho manifestantes accedieran a la piscina. La repercusión fue absoluta. Se trata de unos hechos por los que finalmente los 11 acusados --activistas y guardias se denunciaron mutuamente-- han sido absueltos por prescripción.
Todos ellos se han sentado en el banquillo en un juicio que ha tardado en llegar pero que, paradójicamente, no ha durado más que unos minutos. La tensa espera ha quedado diluida y la jueza que ha presidido la vista oral ha dictado la sentencia absolutoria in voce.
Un diputado entre los protestantes
En concreto, los incidentes tuvieron lugar tras la celebración de una rueda de prensa convocada por el Lobby per la Independència con la finalidad de reclamar el derecho de paso por la costa isleña en la que se ubica la piscina. Tomaron parte en el acto integrantes del grupo ecologista Gadma así como miembros de ERC --entre ellos su presidente, Joan Lladó, y el entonces diputado en el Congreso, Joan Puig-- y Esquerra Unida-Els Verds.
La fiscalía sostiene que los activistas conocían la existencia de una orden ministerial de mayo de 2005 que otorgaba a Ramírez un plazo de tres meses para presentar un proyecto de uso público de la piscina y suspendía temporalmente su uso hasta la aprobación de la iniciativa. Pese a esto, señala el fiscal, se aproximaron a la instalación con la intención de entrar en ella y proclamar sus reivindicaciones.
350 metros de piscina y terrazas
Esto provocó que, al intentar acceder al recinto, que junto a las terrazas anexas ocupan un espacio de 350 metros cuadrados, los vigilantes y el escolta reaccionaran raudos ante la situación y se iniciara entre todos ellos un forcejeo que acabó en golpes y empujones.
En 2006, unas 4.000 personas se congregaron en sendas manifestaciones llevadas a cabo en la Costa de los Pinos para recoger el testigo de los primeros protestantes y reivindicar el disfrute público del litoral mallorquín, lo que motivó el despliegue de fuertes medidas de seguridad con la presencia de 40 antidisturbios y más de 40 agentes de la Guardia Civil.
EL TS declara de uso público la piscina
Años después, en noviembre del 2013, el Tribunal Supremo dictaminó el uso público de la piscina por la vía de lo contencioso, al anular las dos órdenes ministeriales que daban cobertura a los argumentos de Ramírez a la hora de disfrutar de la piscina.
La polémica tampoco ha estado exenta de reacciones políticas. De hecho, la que fuera presidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antònia Munar --hoy en prisión por dos causas de corrupción-- defendió en su día que no pediría perdón en nombre de todos los mallorquines a Ramírez por los hechos ocurridos en 2005.