“Manos Limpias no pondrá trabas al acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de Oriol Pujol están negociando para llegar a una sentencia de conformidad que evite la celebración del juicio por el caso de la ITVs”.
Así se ha expresado en declaraciones a Crónica Global Alex Zaragüeta, el abogado contratado por Manos Limpias para ejercer la acusación popular en el llamado caso de la ITVs en el que está imputado el hijo menor del expresidente Jordi Pujol, acusado de tráfico de influencias. “La única condición que ponemos es que Oriol Pujol reconozca todas y cada uno de las acusaciones”, ha añadido el letrado.
Acuerdo pendiente del sindicato
Anticorrupción y las defensas de los principales acusados negocian desde hace meses un acuerdo que evite el juicio de la ITVs y que concluya con una sentencia de conformidad de más de dos años de cárcel que el ex ecretario general de Convergència Democrática asumiría. Esa sentencia implicaría su ingreso en prisión durante algunas semanas, pero exculparía a su esposa, Anna Vidal, también imputada en la causa.
Ese acuerdo está supeditado a la posición de la otra acusación personada en el caso. Se trata de la acusación popular, que dirige el sindicato Manos Limpias. Si Manos Limpias no acepta el pacto, habría que celebrar el juicio.
Sin medias tintas
El letrado, Álex Zaragüeta, ha confirmado que, personalmente, ha comunicado a la fiscalía que su cliente se avendrá a suscribir el acuerdo “siempre que Oriol Pujol reconozca sin medias tintas su papel protagonista en esa trama corrupta”.
Zaragüeta afirma que “en la última conversación que mantuve con el presidente del sindicato, Miguel Bernad éste me dijo que la única consigna que ponía sobre la mesa era que aflorase toda la verdad del caso”.
El letrado no ha hablado con su cliente desde que Bernad ingresó en la cárcel acusado de extorsión. “No vamos a renunciar a nuestra participación en el caso, entre otras cosas porque está prácticamente acabado, a pesar de que nosotros presentamos el escrito de acusación en el pasado mes de diciembre y que la fiscalía, a día de hoy, aún no lo ha hecho, cuando tenía cinco días hábiles, como nosotros, para hacerlo”.