A nadie escapa que tras la persecución y la veneración del lobo en España hay intereses. Para las organizaciones agrarias contrarias al animal, el lobby de la caza, y buena parte de la población rural, el lobo es el responsable de la muerte de los animales que explotan y les causa grandes pérdidas económicas.

Para los defensores de la coexistencia y la necesidad de su conservación, el cánido cumple un papel esencial al mantener la biodiversidad y el equilibrio natural de los bosques, ya que evita la proliferación de enfermedades entre otros animales salvajes a los que atacará para subsistir antes que a los domésticos.

Daños económicos

La estrategia de conservación del lobo de Castilla y León, la zona más “castigada”, cifra el valor del ganado depredado cada año en torno a los 350.000 euros. Los ganaderos calculan que los ataques afectan al 1% de sus rebaños, añaden los gastos de cuidar mastines para defenderlos, unos 4.000 euros anuales, y la dificultad de cobrar las indemnizaciones, siempre insuficientes.

En Cataluña no se ha comprobado ningún daño en 2015 y en 2016. El último se produjo hace seis años en Moianès. La Generalitat tiene activado un programa de ayuda y apoyo al ganadero similar al que se aplica en el caso del oso pardo.

Según Ecologistas en Acción, estos datos “en absoluto justifican el conflicto social que los sindicatos agrarios están provocando”. Los sectores en la defensa del lobo atribuyen las denuncias de los ganaderos a la crisis económica que vive el sector y critican “la picaresca” que a veces impera cuando se atribuyen al lobo los ataques de perros asilvestrados o descontrolados para cobrar subvenciones.

Santiago Martín Barajas, histórico líder del ecologismo, rebate las pérdidas a nivel global. Considera que los daños económicos generados por el lobo sobre el ganado son reducidos y los pagan las administraciones. En el 2014, entre todas las comunidades se presupuestaron un total de 1.156.035 euros, lo que equivaldría a dos céntimos de euro anuales por cada ciudadano.

Por la coexistencia

Los conservacionistas, encabezados por Juan López de Uralde, ex director de Greenpeace, hoy diputado de Equo (dentro de Podemos), que ha llevado la iniciativa legal al Congreso, defienden que el problema con el lobo es "un conflicto artificial" y no es "económico". Sostienen que los ingresos derivados del turismo de la observación del lobo en libertad, una práctica creciente en Europa y también en España –en la Sierra de la Culebra (Zamora), ya superan con creces esa cifra.

La iniciativa parlamentaria resalta que ya hay experiencias de "coexistencia pacífica” entre el ganado y el lobo, con el empleo de mastines y pastores eléctricos para evitar sus ataques. Apoya las ayudas a los ganaderos, pero "ligándolas a la adopción efectiva de medidas preventivas, así como al mantenimiento de la sostenibilidad ambiental y de la conservación de la naturaleza".