Proceso contra responsables de la Sanidad gallega por racanear con el Sovaldi

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados (imputados) a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos.

El juez Andrés Lago Louro ha citado a declarar para el día 28 al actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

¿Por imprudencia profesional?

Aunque la fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", el juez ha decidido por el momento abrir diligencias solo por el delito de prevaricación.

Tras la decisión del juez de abrir diligencias, ésta se convierte en la primera causa penal que se abre en España contra una Administración pública --en este caso el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo-- en relación a la prescripción de medicamentos para pacientes con hepatitis C, si bien las denuncias de afectados habían sido reiteradas.

La consejera

En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado "responsabilidades políticas y penales" al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidade en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña.

De hecho, el caso parte de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el colectivo Batas Blancas ante la Fiscalía, en la que se vinculaba la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido a las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación, hasta que se aprobó el plan estratégico estatal y se autorizaron los nuevos tratamientos.

Ocho meses de espera

La asociación indicaba que al menos tres casos tuvieron que esperar hasta ocho meses para recibir el tratamiento, aún cumpliendo los requisitos, por la exigencia de que fuese autorizado por la Comisión Atuonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, lo que consideran "una traba burocrática" que "retrasó" la administración.

Aunque los casos que mencionaban inicialmente los médicos eran tres, la Fiscalía tiene en consideración "más de seis casos" y dice que no solo que los dos altos cargos del Sergas retrasaron "las peticiones y suministro de Sofosbuvir (el nombre técnico de Sovaldi) posponiendo la toma de decisiones", sino que "las razones" para hacerlo fueron "de tipo presupuestario del Sergas y no de contenido médico o clínico".